La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que recurrirá el Real Decreto del Gobierno de Pedro Sánchez que prevé la regularización masiva de inmigrantes, argumentando que la medida “afecta gravemente a la prestación de los servicios públicos” y carece de mecanismos de financiación y medios para su implementación.

El recurso se presentará en las próximas semanas, sumándose a otras acciones legales emprendidas por la Comunidad de Madrid contra decisiones del Ejecutivo central que, según la presidenta madrileña, comprometen la sostenibilidad de los servicios públicos.

En un duro discurso ante la Asamblea de Madrid, la dirigente del Partido Popular ha acusado al Ejecutivo de “promover la inmigración irregular” y de poner en riesgo la seguridad nacional, además de favorecer a las mafias. Ayuso defendió su postura asegurando que no se puede regularizar sin control, y menos a personas con antecedentes penales, y criticó lo que denominó “turismo sanitario” vinculado a la medida.

“No vamos a estar a favor de ese desorden y esa ilegalidad. Intentamos, dentro de nuestras posibilidades, frenar ese disparate”, afirmó la presidenta, defendiendo la necesidad de “reclamar orden y ley a este gobierno”.

La líder madrileña también cuestionó la compatibilidad del decreto con la normativa europea, y denunció lo que considera un intento del Ejecutivo de “reventar los servicios públicos” de la región sin garantizar recursos adicionales para educación, sanidad o seguridad.

El anuncio llega en medio de un contexto de creciente debate sobre la gestión de la inmigración en España, donde algunas comunidades autónomas han expresado su rechazo a medidas centralizadas que consideran desbordantes y carentes de planificación. Desde la Comunidad de Madrid, la respuesta de Ayuso pretende marcar un límite claro: orden y control frente a regularizaciones masivas que, a su juicio, pueden generar caos social y administrativo.