El Grupo Popular del Ayuntamiento de Madrid llevará al pleno de este martes una iniciativa para revisar la actual legislación sobre derechos trans del Gobierno de España con el objetivo de “reforzar la protección de las mujeres y garantizar una mayor seguridad jurídica”.

La propuesta plantea modificar la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y LGTBI tras considerar que su aplicación ha puesto de manifiesto diversas deficiencias.

Según los populares, estas carencias estarían generando conflictos en ámbitos especialmente sensibles, como la lucha contra la violencia de género, los espacios diferenciados por sexo, el deporte femenino, el sistema penitenciario o el acceso al empleo público.

Entre las medidas concretas, el Partido Popular propone reformar los artículos 43 y 44 de la norma con el fin de restablecer garantías jurídicas en el proceso de cambio registral de sexo. Asimismo, aboga por evitar efectos automáticos que, a su juicio, podrían perjudicar los derechos de las mujeres en determinados contextos.

La iniciativa también incluye la intención de garantizar la seguridad, la equidad y la fiabilidad de las políticas públicas basadas en el sexo, así como promover medidas que aseguren la plena participación y libertad de las mujeres en la vida pública.

Desde el Grupo Popular aseguran que el objetivo de esta petición es compatibilizar la protección de todos los derechos, evitando que el reconocimiento de nuevos suponga un retroceso en los ya consolidados, en especial en el caso de las mujeres.

Contexto de la ley

La conocida como “ley trans” fue aprobada en 2023 por el Gobierno de España con el objetivo de garantizar la igualdad real de las personas trans y LGTBI. Entre sus principales medidas, introdujo la autodeterminación de género, permitiendo el cambio registral de sexo sin necesidad de informes médicos o tratamientos hormonales, a partir de los 16 años (y con ciertas condiciones para menores).

La norma fue impulsada como un avance en derechos civiles, aunque desde su tramitación generó un intenso debate político y social. Mientras sus defensores la consideran un paso clave para la despatologización de las personas trans, sus detractores sostienen que algunos de sus efectos pueden entrar en conflicto con políticas basadas en el sexo, especialmente en ámbitos como el deporte o los espacios diferenciados.

En este contexto, la propuesta del Partido Popular se enmarca en un debate aún abierto sobre la llamada ‘ley trans’.