Empezaré diciendo que Eugenio Martínez Serrano, titular del Órgano de Gestión Tributaria, debe ser cesado inmediatamente. Ya. Hoy. Fuera de la gestión tributaria. No se puede tolerar ni un día más su obsesión por esquilmar a los vecinos de Pozuelo de Alarcón.

Ya vale.

No se puede tolerar ni un día más que haya convertido la política fiscal del Gran Pozuelo de Alarcón en un espectáculo deprimente. Primero aprobó con diligencia una subida de la plusvalía municipal y, apenas semanas después, hay que deshacerla a toda prisa porque la norma estatal que la sustentaba ha sido derogada.

Donde antes había solemnidad técnica, ahora hay rectificación urgente. Y lo que queda es una sensación preocupante de improvisación.

A finales de diciembre de 2025, el Ayuntamiento publicó una resolución aplicando los nuevos coeficientes máximos previstos en la normativa estatal de la Plusvalía (BOCM 21 de enero de 2026). Sobre el Incremento del Impuesto de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana también llamado Plusvalía que aquí criticamos.

Se trataba (según la fórmula habitual) de una “actualización automática” conforme al marco legal vigente. Nada político, todo técnico. Nada ideológico, simple cumplimiento normativo. Él es así. Cumplidor. Hasta que se pasa, claro.

El mensaje era claro: no subimos impuestos, aplicamos lo que toca.
El problema es que aquello que “tocaba” dejó de tocar casi de inmediato.

El Congreso de los Diputados derogó la norma apenas un mes después. Y, como consecuencia, el Ayuntamiento del Gran Pozuelo de Alarcón tuvo que publicar una nueva resolución (BOCM 16 de febrero de 2026) dejando sin efecto la anterior y restaurando los coeficientes previos.

Es decir, lo que era automático dejó de serlo. Lo que era obligatorio se volvió inexistente. Lo que se presentó como inevitable resultó ser efímero. Y lo que era más rapiña. Se lo tragaron.

Lo verdaderamente llamativo no es que una norma estatal se derogue (eso forma parte del juego parlamentario), sino la precipitación con la que el Ayuntamiento de Pozuelo se lanzó a aplicar la subida sin prever siquiera el riesgo político evidente de que el decreto no superara la convalidación.

En un contexto nacional de alta tensión legislativa, ¿de verdad nadie del Ayuntamiento de Pozuelo contempló esa posibilidad?

¿Nadie consideró prudente esperar antes de consolidar una subida que afectaba directamente al bolsillo de los vecinos?

Al parecer el señor Martínez Serrano, no. El es así.

Y es que conviene recordar qué significa la plusvalía municipal. La plusvalía no es un impuesto abstracto. Es el gravamen que paga quien vende su vivienda, quien hereda la casa de sus padres o quien reorganiza su patrimonio tras años contribuyendo con IBI, tasas y servicios municipales. Y en enero se aplicaron los coeficientes máximos permitidos. No unos moderados. No unos prudentes. Los máximos.

Ahora, en febrero, se publica una nueva resolución para corregir la anterior. Donde había una tabla, ahora hay otra. Donde se hablaba de actualización, ahora se habla de dejar sin efecto. El resultado práctico es desconcertante: en apenas semanas, el Ayuntamiento ha aprobado y revocado su propio criterio fiscal.

Y aquí es donde el problema deja de ser técnico para convertirse en político y administrativo. Porque esta no es la primera vez que ocurre algo parecido. Llueve sobre mojado. Ya ocurrió algo similar con la ilegítima Tasa de Basuras.

Y el responsable directo de ambas decisiones es Eugenio Martínez Serrano, titular del Órgano de Gestión Tributaria. Este hombre no solo ha firmado la subida exprés de la plusvalía y su posterior rectificación, sino que ya fue el autor intelectual del polémico cobro adelantado de la tasa de basuras, exigida a los vecinos seis meses antes de lo que correspondía legalmente.

No hablamos, por tanto, de un error aislado, sino de un patrón de gestión marcado por la precipitación, por la interpretación más gravosa para el contribuyente y por la falta de previsión.

Cuando las decisiones que afectan directamente al bolsillo de miles de vecinos encadenan rectificaciones (ya se ha rectificado, aunque poco, la Tasa de Basuras), polémicas y cobros discutibles, la confianza institucional se erosiona. Y sin confianza, la gestión tributaria deja de percibirse como un servicio público para convertirse en un problema.

¿Es esto lo que nos prometió la alcaldesa Paloma Tejero en su programa electoral?

Por eso, más allá de tablas de coeficientes y boletines oficiales, lo ocurrido exige asumir responsabilidades. No basta con publicar una nueva resolución y pasar página. La reiteración de decisiones controvertidas hace inevitable plantear una conclusión política clara: El cese del titular del Órgano de Gestión Tributaria.

No como castigo personal, sino como una medida de higiene institucional. Porque gobernar también consiste en reconocer cuándo una etapa está agotada. Y en materia fiscal, donde la seguridad jurídica y la previsibilidad son esenciales, el margen para la improvisación debería ser simplemente cero.

En una de las ciudades con mayor renta de España, dicen, lo mínimo exigible es rigor, estabilidad y respeto al contribuyente. Todo lo contrario de lo que, por desgracia, estamos viviendo.

Y ya vale.

El Capitán Possuelo