Estimado Capitán:

Le escribo unas líneas sobre el basurazo que nos han colado los ayuntamientos y los rumores jurídicos que empieza a haber, sobre todo a raíz del Congreso que la Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (ANIHPL) que empieza hoy, por si es de su interés.

Desde que los ayuntamientos españoles empezaron a enviar las famosas cartas del “basurazo”, allá por el mes de abril (en Pozuelo de Alarcón 5 o 6 meses antes) la indignación ciudadana ha ido creciendo como un contenedor sin recoger.

Las redes hierven, los despachos de abogados hacen caja y los contribuyentes se frotan los ojos intentando entender por qué ahora les cobran por algo que siempre pagaron, aunque disimulado bajo otros conceptos.

La tasa de basuras —ese nuevo invento tributario que nadie pidió pero todos sufrimos— se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para los vecinos y un polvorín jurídico para los consistorios.

Tanto es así, que el asunto será protagonista en el Congreso que celebra la Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (ANIHPL) que empieza hoy. Y será el viernes cuando los inspectores municipales debatan las “regulaciones e impugnaciones” que podrían dejar a más de un ayuntamiento en el alambre.

Y no es para menos. Los inspectores, que de esto saben un rato, llevan meses avisando: este nuevo tributo podría acabar, como la Plusvalía Municipal, en los tribunales. Si los jueces dan la razón a los vecinos, los ayuntamientos podrían verse obligados a devolver lo cobrado… dentro de unos años, claro, cuando ya nadie recuerde quién firmó aquella ordenanza.

De hecho, según reconocen fuentes de la propia ANIHPL, ya están llegando los primeros recursos. “Los ciudadanos están reclamando la tasa usando los modelos que circulan por internet”, aseguran. Y pronostican un escenario claro: esto será un filón para los llamados “despachos quita multas”, que ya preparan sus nuevos carteles de “Recurrimos tu basurazo”.

La asociación calcula que la recaudación total podría rondar los 3.488 millones de euros. Una cifra suculenta que, si el aluvión de denuncias prospera, podría transformarse en un boomerang financiero devastador para las arcas municipales.

Los inspectores no se muerden la lengua: califican la regulación de “escasa e ineficiente”, alertando de que provocará aún más confusión a la hora de calcular cuánto debe pagar cada vecino o cómo se aplicará el llamado “pago por generación”.

Y señalan culpables: el Ministerio de Hacienda, “por su desinterés e inacción”, y la falta total de diálogo con los municipios.

Para colmo, esta es la primera tasa local obligatoria que debe cubrir el 100% del coste del servicio. Nada de déficits ni subvenciones. Según sus estimaciones, los ayuntamientos arrastran un déficit de casi 2.000 millones de euros en materia de residuos, con un gasto total que supera los 5.300 millones.

¿La solución que proponen algunos?

Subir aún más la tasa. Vamos, un tiro al pie con silenciador.

El caos jurídico está servido.

Cada ayuntamiento ha hecho su propia fórmula, lo que provocará —ya lo adelantan los inspectores— un maremágnum de criterios que deberán resolver los tribunales autonómicos. Y, como siempre, será el Tribunal Supremo el que tenga que poner orden cuando ya estemos todos hartos de pagar.

Pero algo es algo.

¿Qué hará el Ayuntamiento de Pozuelo cuando llegue la hora de devolver la pasta?

Cualquiera sabe. Tejero y Molares, sus promotoras, ya habrán volado de Pozuelo y quien venga detrás…

Cabrea la irresponsabilidad final.

En definitiva, el “basurazo” huele mal. Y no precisamente por los residuos.

Juan Pozuelo