El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha enviado una carta a Pedro Sánchez para reclamarle los más de 33 millones de euros que el Ejecutivo central debe a la Comunidad por las prestaciones sanitarias que se realizan a los internos de las cárceles de la región en hospitales públicos.

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha denunciado estos hechos, añadiendo, además, que el Ejecutivo central les debe cada vez más fondos derivados de la atención sanitaria que desde Madrid se da a ciudadanos de otras regiones.

“No se nos paga y nos deben este dinero”, ha señalado la dirigente madrileña desde el Hospital Gregorio Marañón, donde ha explicado que la reclamación está formalizada por escrito y se ha reiterado en todos los consejos interterritoriales.

Matute ha defendido que “el mayor tesoro” de la Comunidad es su sistema sanitario, sostenido —ha recalcado— por una buena gestión, pero también necesitado de recursos económicos. “Se ven cada vez más disminuidos por una inacción del Gobierno o, a veces, por una acción activa”, ha lamentado.

Para poner en contexto, es necesario explicar que, como ocurre con los ciudadanos no privados de libertad, cuando un preso necesita una atención extra debe ser derivado a un hospital que se encuentre en las proximidades de su cárcel.

En la actualidad, en la mayoría de las regiones las competencias de la sanidad penitenciaria no están trasladadas, por lo que la atención básica que los presos reciben en la cárcel corre a cuenta del Estado, pero si este interno debe ser trasladado a un hospital, corre a cargo de la región en la que esté interno.

Es ahí donde entra el llamado fondo de garantía que se hace cargo de las atenciones sanitarias de los ciudadanos que no son de la región en la que se le está tratando. Un mecanismo que existe para estas situaciones, pero también para cualquier otro ciudadano que, por ejemplo, debe tratarse un cáncer en Madrid por su complejidad.

Es ahí donde existe la deuda que reclama Madrid y por la que la consejería se ha pronunciado. Matute, de hecho, ha cargado contra el fondo de garantía de compensación entre comunidades autónomas, que lleva “más de diez años anclado”, y ha reprochado al Ejecutivo central que no cubra los gastos derivados de la atención a pacientes desplazados.

Según ha detallado, en 2023 Madrid atendió a 37.000 pacientes graves y complejos en sus 110 unidades de referencia, además de 360.000 personas procedentes de otras comunidades y 190.000 en situación irregular.

En este contexto, Matute ha reclamado al Gobierno central que “compense” a Madrid, una comunidad “solidaria” que, según ha subrayado, pone a disposición no solo sus recursos económicos, sino también su conocimiento sanitario.

Presupuestos y recorte estatal

“Se está hablando de esos 33 millones, pero nos debe muchísimo más”, ha advertido, en referencia también a los 111.000 millones de fondos europeos que, en su opinión, no se ejecutarán por falta de acuerdo entre Sánchez y sus socios.

Matute ha añadido que la desigualdad territorial afecta incluso al acceso a medicamentos. Como ejemplo, ha citado el fármaco para el cáncer de próstata metastásico triple, que no está financiado y que —según ha dicho— deja a los pacientes madrileños “desprotegidos”.

La consejera ha mostrado además su preocupación por la reducción del gasto estatal en sanidad. “En 2023 se destinaron 3.225 millones de euros y en 2024, 1.722, casi un 50% menos. Nos quitaron uno de cada dos euros”, ha reprochado. Frente a este recorte, ha contrapuesto el aumento de 1.600 millones de euros impulsado por el Ejecutivo de Ayuso en los últimos años.

“Con estos datos tengo muy claro quién ensancha la sanidad, que es la Comunidad de Madrid, y quién la encorseta y reduce, que en este caso es el Gobierno y el Ministerio”, ha concluido Matute.