La Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) ha censurado la propuesta que ha pactado Junts y el Gobierno de España para que empresas de más de 250 trabajadores presten atención al cliente en catalán al considerar que “atenta contra la libertad empresarial”.

En concreto, Junts ha anunciado este martes que ha pactado con el Ejecutivo central una reforma legal para que los servicios de atención al cliente tengan que ofrecer la posibilidad de hablar en catalán a los consumidores que hayan adquirido sus servicios en Cataluña, con independencia de que la sede de la empresa esté o no en esa comunidad autónoma.

“Los empresarios de Madrid exigimos al Gobierno respeto a la libertad de empresa, en una economía regida por el intercambio y los precios en condiciones de igualdad, y dejar de lado las imposiciones, que tanto dañan la competitividad empresarial. Es inaceptable que se introduzca la política en las iniciativas empresariales. Debe respetarse el margen de autonomía de dirección para el empresario, característica inherente a cualquier empresa privada, sino estaríamos hablando de una empresa pública”, ha subrayado en un comunicado.

Desde la patronal madrileña han recalcado que las empresas que operan o mantienen relaciones comerciales con Cataluña ya ofrecen de forma mayoritaria esta posibilidad a sus clientes y proveedores, fruto de su propia estrategia empresarial y de negocio, “sin necesidad de imposiciones”.

Precisamente, a este respecto, los empresarios han criticado que la medida no se haya debatido con las propias empresas, que son las afectadas directamente y han censurado que “se toman las decisiones en el ámbito político y se aplican al privado sin medir las consecuencias”.

“Pese a que la medida puede ser comprensible desde una perspectiva nacionalista (Junts), sorprende que el Gobierno, que debería velar por el interés general, acepte intervenir en la libertad de empresa e imponga esta medida a empresas radicadas fuera de Cataluña. Obedece solamente a un acuerdo político ajeno al interés general, que implica contentar a los nacionalistas y seguir en el poder”, remarcan los empresarios de Madrid”, han acusado desde CEIM.

En un contexto marcado por “un incremento de la presión fiscal y de los costes sociales sobre las empresas”, han alertado de que esta obligación supondría que las empresas de los sectores básicos de interés general “tuvieran que implementar un servicio de atención al cliente en catalán con el sobrecoste que ello implicaría y la merma de la productividad, que parece ser la última preocupación del Gobierno”.

“Lejos de velar por el interés general, el Ejecutivo está aceptando intervenir en la libertad de empresa solo por contentar a los nacionalistas y seguir en el poder. Es intolerable introducir obligaciones, burocracia, costes y disfunciones por razones meramente políticas”, han zanjado.