Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido al Tribunal Supremo que envíe a juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y que le condene a cuatro años de prisión por un delito de revelación de secretos.

Solicita también 108.000 euros de multa, tres años de suspensión de empleo así como la pena accesoria de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general.

Para la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, pide tres años de prisión como cooperadora necesaria por el mismo delito de revelación de secretos, además de una multa de 36.000 euros y suspensión de empleo de dos años, así como la pena accesoria de inhabilitación especial para el cargo de fiscal provincial.

González Amador considera que ambos protagonizaron “hechos delictivos” que le causaron un “continuado e incesante daño “en la intimidad, la protección de datos, la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el honor de imposible restitución”.

Por ello, solicita que los dos acusados le “indemnicen los perjuicios morales causados” en una cuantía de 300.000 euros.

Al hilo, sostiene que García Ortiz y Rodríguez “son responsables civiles directos y subsidiarios”: él como autor del delito de revelación de secretos y ella como cooperadora necesaria de dicho delito, “correspondiendo al primero una cuota de 3/5 y a la segunda una cuota de 2/5”.

El escrito de acusación se apoya también en que “García Ortiz posee bajo su disposición por haberse apropiado de él y no haberlo devuelto” el teléfono móvil “que usaba entre los días 7 y 14 de marzo de 2024”.

Para el abogado, si no lo ha entregado, pudiendo contener pruebas de su inocencia, es porque “evidentemente” en realidad albergaría “el registro detallado de su actividad delictiva”

La acusación popular pide seis años

Por su parte, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha pedido una condena de seis años de cárcel para García Ortiz.

Esta asociación, que ejerce la acusación popular en este caso, ha presentado escrito de acusación ante el Tribunal Supremo, tras procesar el juez Ángel Hurtado al fiscal general y a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, para quien APIF ha pedido cuatro años de cárcel al considerarla cooperadora necesaria.

APIF ha solicitado asimismo suspender de empleo y sueldo a los dos procesados cuando se dicte auto de apertura del juicio oral, así como una condena de inhabilitación absoluta para ambos fiscales durante doce años.