El mismo día que jueces y fiscales de toda España se han concentrado para protestar contra las reformas legales impulsadas por el Ministerio de Justicia, la Comunidad de Madrid ha acordado dirigirse formalmente al Gobierno central con idéntico propósito. Así lo ha trasladado el portavoz del Ejecutivo regional, Miguel Ángel García Martín, tras finalizar el Consejo de Gobierno en el que se ha acordado instar a la coalición PSOE-Sumar a “paralizar” unas iniciativas que considera un “atentado contra la independencia judicial y la separación de poderes”.

Como las asociaciones profesionales de jueces y fiscales que han convocado la protesta simbólica, la Comunidad pone el foco sobre el proyecto para modificar la ley orgánica del Poder Judicial para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal, la reforma de la ley que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y el anteproyecto para reformar la ley de Enjuiciamiento Criminal. “Estos proyectos suponen un asalto evidente a la independencia del Poder Judicial, un ataque indisimulado a nuestro Estado de Derecho”, ha aseverado García Martín.

El también consejero madrileño de Presidencia ha trasladado que a ojos de la Comunidad, el proyecto de ley que modifica el acceso a la carrera judicial “no atiende a los principios de igualdad, mérito y capacidad y promueve un acceso arbitrario a la judicatura”; mientras que el anteproyecto de ley de Enjuiciamiento Criminal por el que se modifica también el Estatuto Fiscal “en vez de otorgar mayor autonomía a los fiscales, da un poder absoluto al fiscal general” y “amenaza con entregar la instrucción de los procedimientos penales a la Fiscalía”.

El de este miércoles no es único reproche del Gobierno madrileño a las iniciativas que está promoviendo el ministerio de Félix Bolaños, ya que la semana pasada la Comunidad recurrió ante el Tribunal Supremo la ley de Eficiencia de la Justicia que entró en vigor a comienzos de este año.

El portavoz del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha destacado que la oposición a las reformas judiciales impulsadas por el ministerio han encontrado no solo el rechazo de las asociaciones profesionales de jueces y fiscales: también “la mayoría” de las Administraciones autonómicas mostraron su rechazo en la pasada Conferencia de Presidentes y la sala de gobierno del Tribunal Supremo, que este martes aprobó un acuerdo por unanimidad en que trasladaba su “inquietud” por los proyectos.

“Estas reformas no obedecen a otra cosa que a tapar los casos de corrupción que afectan al Gobierno y al presidente y tratar de evitar que la Justicia no investigue”, ha opinado el consejero de Presidencia, que ha apuntalado este argumento con una enumeración de algunas de las noticias que han trascendido esta semana y que afectan al Ejecutivo, como el procesamiento del fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos en el caso de presunto fraude fiscal que afecta a la pareja de Díaz Ayuso, el registro de la UCO en la casa del exministro José Luis Ábalos, el escrito de la Comisión Europea calificando de “autoamnistía” la ley de Amnistía o el auto del TSJM que ordena al Gobierno investigar la actuación de Pedro Sánchez en el rescate de Air Europa.