La Comunidad de Madrid llevará a los tribunales el injusto acuerdo para la redistribución de menores inmigrantes entre el socialista Sánchez y el ultraderechista Puigdemont

La última redistribución de menores migrantes pactada este mismo martes por el Gobierno y Junts ha vuelto a despertar, como cabía prever, los recelos de un Ejecutivo autonómico incrédulo ante una política migratoria, la de Pedro Sánchez, que no dudan en calificar de “lastre para todos”. Tanto es así que el acuerdo, tildado por la propia Isabel Díaz Ayuso de “lamentable” en sus redes sociales, será recurrido ante la Justicia nacional y europea a fin de forzar su suspensión.
“Ni Cataluña, ni Madrid, ni Canarias. No se puede fomentar la inmigración irregular masiva. Este lamentable acuerdo se llevará a tribunales y a la Unión Europea (UE), que ha de entender que la política migratoria de Sánchez es un lastre para todos: para España, para Europa, y para los mismos inmigrantes, en manos de mafias”, recoge el mensaje publicado por la máxima mandataria regional este mediodía en su cuenta oficial de ‘X’, anteriormente conocida como Twitter.
Ni Cataluña, ni Madrid, ni Canarias.
No se puede fomentar la inmigración irregular masiva.
Este lamentable acuerdo se llevará a tribunales y a la UE, que ha de entender que la política migratoria de Sánchez es un lastre para todos: para España, para Europa, y para los mismos… pic.twitter.com/0Lt9Xlsjoc
— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 18, 2025
En concreto, la actualización del artículo 35 de la Ley de Extranjería acordado hoy prevé, vía Real Decreto, que la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia pueda aprobar por unanimidad aquellos requisitos necesarios para declarar la situación de “contingencia migratoria extraordinaria”. El equivalente a establecer los criterios de reparto de menores extranjeros no acompañados que lleguen a España, favoreciendo así su reubicación a fin de prevenir -o paliar- el colapso de los servicios sociales y sanitarios en las principales regiones receptoras.
Entre los criterios a tener en cuenta, el volumen total de población y su distribución geográfica, el nivel medio de renta, la tasa de desempleo, el número de plazas de acogida disponibles, estableciendo como ideal una cama por cada 2.500 habitantes, la insularidad o el “esfuerzo” previo destinado a acoger a estos menores.
La indignación en las filas madrileñas llega después de que la nota de prensa distribuida por los independentistas catalanes esta mañana celebrase un reparto desigual entre comunidades en base al volumen migratorio atendido con anterioridad. En concreto, los de Carles Puigdemont aseguran que el mayor peso del nuevo reparto recaerá sobre todo entre aquellas regiones que “hasta ahora no han acogido” o “han realizado un esfuerzo mucho menor en comparación con el esfuerzo que ha realizado Cataluña”. En la práctica, esto supondría que del total de menores a distribuir por el conjunto del país, en torno a 4.500, Cataluña acogería “entre 20 y 30” mientras Madrid debería responsabilizarse de “más de 700”.
El acuerdo, apostilla la portavoz parlamentaria de Junts, Miriam Nogueras, incluye asimismo la financiación de un fondo extraordinario próximo a los 100 millones de euros a repartir entre las comunidades más tensionadas en la actualidad.





