La Guardia Civil considera posible que Luis Lorenzo y su pareja, Arancha Suárez, emplearan sus dotes como actores para conseguir apoderarse de todo el patrimonio de su tía María Isabel Suárez, un objetivo en el que se afanaron y para el que solo vieron un camino: la muerte de la anciana.

Así se desprende de la ampliación de las diligencias que ha enviado recientemente al juzgado la Guardia Civil, a la que ha tenido acceso Efe, y que concluye que, en línea con lo que ya dijeron los investigadores, en los últimos meses se han incrementado los indicios “suficientes, bastantes y razonables” para determinar que se trata de un delito de asesinato.

El Juzgado de Instrucción número 9 de la localidad madrileña de Arganda del Rey investiga las circunstancias de la muerte de María Isabel Suárez el 28 de junio de 2021 en la casa de la pareja, que permanece imputada. La magistrada también imputó hace unas semanas a la persona que cuidada a la anciana, de 85 años, en los meses anteriores a su fallecimiento.

En las diligencias aportadas ahora, la Guardia Civil determina que el fin último de la pareja era disponer libremente de todo el patrimonio de la víctima en beneficio propio, y que la única forma de disponer de él de forma ilimitada era que la anciana falleciese.

María Isabel Suárez tenía 60.000 euros en una cuenta fija, 72.000 en imposiciones a plazo fijo, una vivienda en la localidad asturiana de Grado y siete parcelas rústicas en Asturias.

Para lograr su objetivo, señalan los investigadores, no se puede descartar que los investigados empleasen sus dotes de interpretación, pues ambos han ejercido como actores.

Ponen como ejemplo que en una ocasión Luis Lorenzo se hizo pasar por un abogado en una entidad bancaria para poder disponer el dinero que tenía María Isabel a plazo fijo, y otra en la que simula un supuesto historial médico de la tía para conseguir un certificado de fallecimiento por causas naturales.

Para hacerse con su patrimonio, Luis Lorenzo y Arancha Suárez llevaron a la tía de ella a una situación de “aislamiento y vulnerabilidad” con la excusa de hacerse cargo de sus cuidados, empleando medios de “coacción” y consiguiendo la progresiva merma de sus capacidades cognitivas y volitivas mediante “la ingesta descontrolada de un cóctel de fármacos prescritos por diferentes facultativos”.

De este modo, incide la Guardia Civil, consiguieron que María Isabel les otorgase el testamento a su favor mientras presentaba “unas condiciones mentales y físicas más que cuestionables” y había salido ese mismo día del hospital con un alta voluntaria, en contra del criterio médico.

Posteriormente, también lograron que la ahora difunta les otorgase un poder especial limitado para disponer de su dinero siempre condicionado a sus necesidades y cuidados.

La Benemérita subraya que a Arancha no le resultaba suficiente la gestión de la cuenta corriente de María Isabel y quiso el dinero que tenía a plazo fijo, pero la entidad bancaria les negó esta posibilidad y entonces trataron de obtener un poder general en dos notarías diferentes, pero se lo negaron al considerar que María Isabel no se encontraba en plenitud de sus facultades.

La principal cuenta de destino es la cuenta de la pareja investigada, por lo que la Guardia Civil entiende que ambos tenían conocimiento del dinero que se estaba ingresando en su cuenta.

Según refleja el estudio patrimonial adjunto en las diligencias, los gastos de María Isabel se mantenían estables cuando permanecía en Asturias -de donde era natural-, pero aumentan de forma notable cuando se traslada a la casa de los investigados en Madrid, “llegando estos gastos a multiplicarse por varias veces sus ingresos de la pensión y consumiendo a un ritmo muy acelerado el patrimonio de su cuenta bancaria”.

También destaca que, en fechas cercanas a la muerte de la anciana, su sobrina Arancha contrató un seguro de decesos que cubría su el óbito de María Isabel.