La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado su firme rechazo a la iniciativa del PSOE de limitar la acción popular en los tribunales. Este nuevo frente se suma a su enfrentamiento con el Gobierno central, en un momento marcado por la imputación del fiscal general tras la filtración de datos de la pareja de Ayuso, que ella atribuye a una “operación de Estado” en su contra. Sin embargo, su oposición a la denominada “ley Begoña” no solo está vinculada a esta polémica personal, sino también a las competencias judiciales que considera esenciales para su comunidad.

Ayuso calificó la propuesta como un ataque al Estado de derecho, argumentando que su implementación socavaría los valores constitucionales y, por ende, la capacidad de los gobiernos autonómicos para actuar en los tribunales. Según su análisis, la norma podría impedir que la Comunidad de Madrid ejerza la acusación popular en casos clave, como los relacionados con violencia de género y terrorismo, áreas protegidas por la legislación autonómica.

Impacto en la normativa madrileña

Actualmente, la Comunidad de Madrid está personada como acusación popular en 28 casos activos de violencia de género y ha participado en más de 70 procesos judiciales. Esto es posible gracias a la Ley Autonómica de Violencia de Género, que establece que la Administración regional puede actuar en casos de muerte, lesiones graves o mutilación genital. Una normativa similar aplica para los casos de terrorismo, en los que la Comunidad ha jugado un papel destacado en la defensa y acompañamiento de las víctimas.

Si la propuesta del PSOE se aprueba, estas acciones quedarían limitadas, lo que Ayuso considera un ataque directo a los valores y competencias de la Comunidad. Por ello, la presidenta regional ha advertido que, de ser necesario, recurrirá la medida ante el Tribunal Constitucional, como ha hecho en otras ocasiones.

Otras áreas no afectadas

Cabe señalar que esta reforma no afectaría las causas en las que la Comunidad de Madrid actúa como acusación particular, donde interviene directamente por ser parte afectada. Ejemplos recientes incluyen casos relacionados con accidentes de tráfico mortales y fuegos provocados. En julio de 2023, por ejemplo, la Comunidad se personó como acusación particular en un caso de un conductor que causó un accidente mortal en la M-50, al amparo de la Ley de Protección Civil y Emergencias.

Estas iniciativas reflejan el esfuerzo de la Administración regional por garantizar la reparación de daños materiales y ambientales, aunque no se verían amenazadas por la reforma planteada.