Seis de los 21 acusados por los disturbios ocurridos en 2012 en el primer Rodea el Congreso han pactado con la Fiscalía penas de hasta 11 meses de prisión. Estas serán sustituibles por el pago de una multa económica de hasta 1.320 euros por dilaciones indebidas en el proceso judicial.

Los seis han admitido ser responsables de delitos de desórdenes públicos, pero cinco de ellos también de atentado (dos agravado con el uso de instrumento y otros tres básico). Los quince acusados restantes se han negado a pactar con la Fiscalía, que pide para ellos condenas de hasta siete años de prisión.

El Juzgado de lo Penal número 20 de Madrid ha celebrado este lunes la primera sesión del juicio por los altercados que tuvieron lugar en aquella protesta, que tuvo lugar entre la tarde del 25 de septiembre de 2012 y la madrugada del día 26 en las inmediaciones de la Cámara Baja, con las cuestiones previas y la declaración de varios testigos.

Aquella jornada, convocada por varios colectivos que coreaban consignas como “Que no nos representan” o “lo llaman democracia y no lo es” y en la que participaron unas 6.000 personas, se saldó con 35 detenidos y al menos 64 heridos entre manifestantes y policías. Son unos hechos por los que, doce años después, el Ministerio Público pide penas que van entre los 3 años y los 8 meses de cárcel y los 7 años y 4 meses de prisión.

Durante las cuestiones previas a la vista oral, las defensas de los acusados han aportado vídeos, fotogramas y fotografías y han declinado la declaración de algunos testigos que habían requerido anteriormente.

El coordinador de la Brigada de Información de la Policía Nacional que redactó el primer atestado ha asegurado que la protesta discurrió “con normalidad” hasta la plaza de Neptuno, cuando “un grupo numeroso de personas, todas de negro y encapuchadas”, pertenecientes a grupos antifascistas y anarquistas y formando al estilo de una “legión romana” agredieron a los agentes “con extrema violencia”.

“Nunca se había visto tal grado de violencia”, ha dicho el agente, que ha indicado que gracias a un trabajo previo de la Brigada de Información, el dispositivo policial tenía constancia de la presencia de “elementos subversivos” organizados a través de la plataforma En Pie.

Organizados a través del método del ‘bloque negro’ -una táctica utilizada en manifestaciones violentas en la que los participantes llevan ropa negra para evitar ser identificados-, los encapuchados utilizaron tapas de contenedores como escudos, palos de bandera como estoques y lanzaron rodamientos, botellas y piedras. Ocasionaron “daños y lesiones importantes” a los operativos desplegados, según el relato del agente.

Tanto el instructor del atestado -que fue hospitalizado con un traumatismo craneoencefálico y lesiones de diversas consideración- como el resto de los agentes que han testificado han dejado claro que “la inmensa mayoría” de la gente que participó en la manifestación lo hizo en “actitud pacífica”, y que los hechos violentos que se registraron fueron provocados por el mencionado bloque negro.

Con carácter previo al arranque de la sesión, Elena Martínez, una de las personas juzgadas por la Audiencia Nacional por estos hechos y portavoz de la Asamblea de Apoyo de los 21 encausados, ha señalado que el juicio es parte de “una escalada represiva” y ha insistido en que mostrar solidaridad con todos ellos es “defender la libertad de todos”.

“Fuimos perseguidos, identificados y juzgados con una citación judicial que llegaba desde el 16 al 23 de septiembre por hechos que iban a ocurrir el 25 de septiembre; o sea, se nos mandó una citación judicial por algo que todavía no había ocurrido”, ha denunciado a preguntas de la prensa.

Martínez, que ha subrayado que en aquella ocasión hubo un “despliegue policial como no lo ha habido en otras movilizaciones”, se ha mostrado esperanzada de que, como en el caso de la Audiencia Nacional, la sentencia sea “absolutoria”. El juicio continuará este martes a partir de las 9.30 horas de la mañana.