La Junta de Gobierno de la Federación Madrileña de Municipios (FMM), y a la que pertenece la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón Paloma Tejero, ha aprobado un manifiesto en el que carga contra las “imposiciones del Gobierno de España”, en relación a la aplicación de la tasa de basuras, un gravamen que ataca “la independencia” de los ayuntamientos y que llega en un momento que no resulta el más adecuado, por lo que demandan que no sea obligatoria.

La FMM ha instado al Gobierno de España a rectificar la obligatoriedad de la tasa volviendo a su carácter potestativo, de manera que sean los propios municipios quienes decidan si implantarla o si, por el contrario, se repercute el coste de gestión y tratamientos de los residuos con cargo a otros impuestos o partidas del presupuesto municipal.

En el manifiesto ‘En defensa de la autonomía local frente a las imposiciones del Gobierno de España’, la Federación sostiene que la ley 7/2022 de 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular, aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, es “un nuevo y claro ataque a la autonomía municipal y supone un verdadero castigo a todos los ayuntamientos, que se están viendo obligados a repercutir la tasa en los ciudadanos”.

“Aunque el Gobierno de España alega que se trata de una imposición europea”, la FMM apunta que la ley incluye la creación de una tasa de recogida entre los ayuntamientos antes de abril de 2025 que refleje el coste real de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de residuos, además de un impuesto al vertido y la incineración, que deberán ser comunicadas a las comunidades autónomas.

La tasa de basuras ya existió en el pasado pero ahora “pasa de elección discrecional a un hecho obligatorio para los ayuntamientos, de modo que se interrumpe su independencia y autonomía impidiendo a las entidades locales a abstenerse de establecer esta tasa y financiar el servicio de recogida y tratamiento de residuos con recursos generales del presupuesto municipal”.

SIN MARGEN PARA FINANCIAR CON CARGO AL IBI

A lo que suman que esta ley “no deja margen a los ayuntamientos para que se pueda financiar parte del coste de gestión de residuos con cargo a otros impuestos, como por ejemplo el IBI”. Y se une a “un nuevo impuesto que grava cada tonelada de residuos destinada a vertederos o incineradoras, lo cual repercute principalmente en los municipios”.

La FMM cuestiona además que este impuesto regulado por el Ministerio de Transición Ecológica no ha conllevado “consulta adecuada alguna a los municipios y empresas afectadas, además de no valorar el contexto económico actual”. “Lo más llamativo es que esta ley, en lugar de apostar por el incentivo y la educación, opta por la penalización”.

NO ES EL MOMENTO ADECUADO

La FMM considera que “el momento social y económico no ha sido ni es el adecuado para introducir nuevos impuestos y, mucho menos, de una magnitud tan considerable” y que “no se ha facilitado a los municipios el margen de tiempo necesario para adaptarse, ya que la ley se publicó con menos de un año de antelación de su entrada en vigor”.

Y, ante todo, quieren mostrar el “profundo rechazo al carácter obligatorio que imprime esta ley atacando claramente la autonomía” de los ayuntamientos, que “se enfrentan a nuevas obligaciones, como la recogida selectiva de residuos orgánicos y la necesidad de construir instalaciones de tratamiento modernas en las mancomunidades”, han defendido en la Federación, presidida por la alcaldesa de Alcalá, Judith Piquet.

Advierten que este impuesto puede suponer “un incremento del 60% de los costes de gestión de los residuos para un municipio”. “Al menos, la Comunidad de Madrid ha optado por aplicar el importe mínimo legal permitido por la ley”, han subrayado.