El juzgado de lo Contencioso-Administrativo ha acordado la medida cautelar solicitada por la Abogacía General de la Comunidad de Madrid para suspender la ejecución del acuerdo del Ayuntamiento de Fuenlabrada relacionado con la reversión de la cesión de la Finca de La Cantueña, cuya titularidad corresponde a la Comunidad de Madrid. Esta es la tercera vez que un juez da la razón a la Comunidad de Madrid sobre esta cuestión.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Fuenlabrada aprobó el pasado 29 de julio anular el convenio firmado hace 20 años con el Gobierno regional para impedir su puesta en funcionamiento.

Por ello, la Comunidad de Madrid, a través de sus servicios jurídicos, presentó ayer un recurso contra el acuerdo del Ayuntamiento de Fuenlabrada relacionado con la reversión de la cesión de la Finca de La Cantueña donde el Gobierno regional está construyendo un centro para acoger a los menores no acompañados que llegan a España y que el Gobierno central está trasladando a las comunidades autónomas.

Se trata de un inmueble cuya titularidad corresponde a la Comunidad de Madrid, por lo que no puede ser revertido por el Ayuntamiento de Fuenlabrada. En el auto la magistrada afirma que la Comunidad de Madrid «ofrece razones más que suficientes, con fundamento en la urgente necesidad de ampliar las plazas de atención a menores extranjeros no acompañados, a raíz del incremento de los flujos migratorios y su tendencia alcista, unida a la actual escasez de los recursos disponibles».

A su juicio, esto hace que «deba prevalecer el interés general de protección de los menores». «Este interés general debe prevalecer sobre cualquier otro interés general y, en concreto, sobre el interés general que representa el Ayuntamiento de preservar su patrimonio», incide.

Desde comienzos de este año, la red de protección de menores de la Comunidad de Madrid ha atendido ya a 1.500 jóvenes, más que en todo el año pasado (1.360 en 2023). La ocupación a día de hoy en la red supera el 200%, indican fuentes regionales. Este complejo, inciden, permitirá la creación de 100 nuevas plazas para «reducir la tensión de la red de centros de menores regional generada por la crisis migratoria que no ha sabido gestionar el Gobierno central».