La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Fuenlabrada ha aprobado poner fin a la cesión del espacio Cerro de La Cantueña a la Comunidad de Madrid, un emplazamiento donde el Gobierno autonómico pretende poner en marcha un centro de acogida para menores no acompañados. De este modo el Consistorio da un paso más para revertir la titularidad de dicho centro al Consistorio.

Según informa el Ayuntamiento, la decisión se produce tras rechazar las alegaciones presentadas por la Comunidad y una vez finalizado los plazos y procedimientos legales del proceso de reversión iniciado por el Consistorio.

En concreto, la Junta de Gobierno ha acordado resolver la cesión al entender que incumple el convenio de 21 de diciembre de 1999 donde se estipulaba su uso como un espacio de difusión ambiental y que “debía redundar en beneficio de los vecinos de Fuenlabrada”.

Asimismo, sostiene que “incumple los usos previstos por el planeamiento urbanístico vigente”. Los informes jurídicos del Ayuntamiento han rechazado las alegaciones presentadas por la Comunidad de Madrid, que no reconocía la titularidad municipal del centro, adjudicándola al Consorcio Urbanístico Cerro de La Cantueña.

Un consorcio que, según defiende el Consistorio, “no existe desde hace más de 20 años”, remitiéndose para ello al portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid.

Dichos informes señalan “documentos y referencias expresas”, defiende, del “reconocimiento por parte de la Comunidad de Madrid de la titularidad municipal de dicho centro”.

El Gobierno municipal insiste en que el proyecto de “macrocentro” para menores no acompañados “incumple tanto el convenio de cesión del espacio como las recomendaciones del Consejo de Europa y la propia ley regional de Servicios Sociales”.

Por su parte, el alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala (PSOE), ha acusado al Ejecutivo autonómico de “tratar de imponer este centro” en la ciudad “sin las condiciones adecuadas, en medio de la nada y sin un plan social que atienda correctamente a estos menores propiciando su inclusión”.

“Nosotros apostamos por el consenso con otros municipios para que haya un reparto razonable y que todos aportemos en la solución. Fuenlabrada será el primero en ser solidario”, ha propuesto Ayala, quien ha recordado que Fuenlabrada tiene un amplio reconocimiento en la Unión Europea y presencia en numerosos foros internacionales por su implementación de políticas de integración y diversidad.

Como recuerda el Consistorio, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite e investiga el contrato de emergencia aprobado para las obras del centro mientras un Juzgado de Madrid dirime sobre el decreto de paralización de las obras aprobado por el Ayuntamiento de la ciudad y que fue suspendido cautelarmente a petición del Ejecutivo regional, permitiendo así la realización de las obras.

En el último Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el Ejecutivo regional aprobabó una inversión de 18,7 millones de euros para este centro que contará con 4.000 metros cuadrados y 96 plazas cuyas obras se están ultimando por lo que “de forma inminente podrá ser utilizado para dar servicio” a los menores, señalaba el portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García.

Tras conocerse esta noticia, la Comunidad de Madrid ha trasladado que estudiará “las medidas oportunas” para defender sus “derechos y de los menores”. Fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales explican a Europa Press que la Administración regional no ha tenido todavía “ninguna notificación” al respecto y señalan que, una vez se reciba, “se estudiará”.

Mientras tanto, insisten, las obras y el proyecto “continúan adelante” frente a la “incongruencia” de quienes “piden acoger a menores pero, cuando les toca hacerlo, lo rechazan”, subrayan. En este sentido, desde el Gobierno regional afean que el alcalde de Fuenlabrada, el socialista Javier Ayala, haya puesto “una vez más todos los obstáculos” para “rechazar a estos menores en su municipio”.