El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso que ha presentado el Gobierno de Pedro Sánchez contra varios artículos de las leyes trans y LGTBI de la Comunidad de Madrid, que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso reformó el año pasado.

Con esa admisión a trámite, el Pleno ha acordado también suspender la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados de las citadas normas, tal y como se solicitaba en el escrito. Entre esos artículos, se incluye la obligatoriedad de que los menores que vaya a iniciar un tratamiento farmacológico de cambio de sexo deban recibir antes apoyo de profesionales de la salud mental.

Es decir, que a partir de ahora, al quedar en suspenso este artículo hasta que el Alto Tribunal resuelva el recurso, los menores en Madrid podrán comenzar un cambio de sexo con medicación sin necesidad de que ningún psicólogo les haya atendido previamente.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha garantizado al poco de conocerse la noticia que la reforma de ambas leyes «se hizo desde el respeto a la Constitución». «Siempre primando el interés de los menores, para que en las decisiones irreversibles que tomen cuenten con la asistencia de profesionales», ha agregado en sus redes sociales.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, fue la encargada de anunciar la interposición de este recurso el pasado 25 de junio, cuando aseguró que las leyes trans y LGTBI de Madrid, tras la reforma de Ayuso, son «regresivas y vulneran derechos de la ley estatal».

Una de las cuestiones que esgrimió la ministra para la interposición del recurso es que ese acompañamiento psicológico imperativo para menores lo que hace es «encubrir terapias de reconversión» que están completamente prohibidas en la ley trans estatal.

Sin embargo, Redondo olvidó mencionar que en la ley trans de Madrid esas terapias también están prohibidas. «Se prohíbe expresamente el uso en el sistema sanitario de la Comunidad de Madrid de terapias aversivas y de cualquier otro procedimiento que suponga un intento de anulación de la personalidad o voluntad de la persona transexual, así como cualquier otra vejación, trato discriminatorio, humillante o que atente contra su dignidad personal, sin que el asesoramiento psicológico o, en su caso, la evaluación psiquiátrica del personal sanitario pueda considerarse discriminatoria ni contraria a la libertad de la persona evaluada sino, por el contrario, informadora de la misma con base científica y garantías médicas, para que pueda ejercerse dicha libertad con pleno conocimiento de causa, siempre buscando el bienestar de la persona transexual», establece la ley.

Cabe recordar que recientemente el Defensor del Pueblo también presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional, que ya ha sido admitido a trámite, contra la ley trans de la Comunidad de Madrid.

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de Madrid, Ana Dávila, en la misma línea que Ayuso, ha defendido la plena constitucionalidad de la reforma y ha acusado al Gobierno de basarse únicamente en «ideología» para ir contra sus leyes.

«Este Gobierno regional va a proteger siempre a los menores, va a acompañarles junto a sus familias ante un proceso que puede ser irreversible y, sobre todo, para que primen los criterios profesionales y la ciencia frente a la ideología», ha esgrimido.

(Gentileza de El Debate)