Cerca de medio millón de madrileños podrán beneficiarse de los nuevos incentivos fiscales a la vivienda que ha aprobado este miércoles el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, y que supondrán un ahorro de 118 millones de euros anuales tanto para la compra como el alquiler de una casa. El Consejo de Gobierno ha dado luz verde así al proyecto de ley de nuevas deducciones y bonificaciones para facilitar el acceso a una vivienda, que entrarán en vigor este año para su aplicación en la próxima campaña de la Renta.

El texto legal se envía ahora a la Asamblea de Madrid para su tramitación parlamentaria. El Parlamento regional se encuentra en periodo inhábil durante los meses de julio y agosto. A la vuelta del verano, en septiembre, retomará su actividad con el debate sobre el estado de la región y será en las semanas posteriores, previsiblemente, cuando debata por primera vez esta nueva ley de bonificaciones fiscales para la vivienda, aunque el PP no tendrá ningún problema para sacarla adelante por su mayoría absoluta.

La iniciativa, vinculada al Pacto Regional por la Vivienda, se registrará esta misma semana en la Asamblea. La futura Ley está en su práctica totalidad asociada al IRPF, con cuatro rebajas en este impuesto. La primera de ellas supondrá un ahorro de 1.000 euros por el arrendamiento de viviendas vacías, y se la podrán aplicar los pequeños propietarios que firmen contratos de, al menos, tres años. Cerca de 20.000 beneficiarios podrán ahorrarse 20 millones de euros, según la estimación de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.

La segunda pretende amortiguar el incremento de las cuotas de préstamos variables por la subida de tipos tomando como referencia el euríbor a diciembre de 2022, con un límite de 300 euros y siempre que se trate de la vivienda habitual. Esta no debe haber costado más de 390.000 euros y la renta familiar per cápita no superar los 30.930 euros. Alcanzará a 450.000 hipotecados y la reducción para sus beneficiarios será de 90 millones.

Además, con el objetivo de combatir la despoblación de los municipios rurales (con menos de 2.500 habitantes), y para ayudar a los menores de 35 años a que cambien allí su residencia habitual, podrán deducirse 1.000 euros, independientemente de que compren o alquilen una vivienda.

Los jóvenes que adquieran una vivienda para establecerse de forma permanente en uno de estos pueblos se podrán deducir el 10 por ciento del precio, con un límite anual de 1.546 euros, durante diez ejercicios fiscales. En este caso se calcula puedan beneficiarse 1.200 ciudadanos con un ahorro de 1,2 millones.

A ello podrán sumar una bonificación adicional del 100% en los impuestos de Transmisiones Patrimoniales (ITP) en caso de adquisición de vivienda de segunda mano, y de Actos Jurídicos Documentados para vivienda nueva. El impacto previsto es de 7 millones de euros en ahorro para los madrileños.