Nueve de cada diez infraestructuras judiciales de la región se verán renovadas, mejoradas o creadas hasta 2027, año del final de la legislatura. Entre ellas, se encuentra la «bandera» del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso: la Ciudad de la Justicia de Valdebebas. Con sus 470.000 metros cuadrados, se convertirá en la infraestructura judicial más grande del mundo. Su construcción comenzará el año que viene y la inversión superará los 680 millones de euros.

«En la segunda quincena de septiembre esperamos presentar el diseño preliminar del proyecto y, en mayo de 2025, iniciar las obras de construcción», explicó ayer el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en su balance del primer año de Gobierno regional. La mesa de contratación ha propuesto ya la adjudicación provisional de la redacción de proyecto y ejecución de obra para la construcción. Concurrieron al concurso 13 empresas agrupadas en cinco UTE y la firma del contrato está prevista para este verano.

Sin embargo, la de Valdebebas, si bien es la mayor, no será la única nueva infraestructura dentro de su categoría. Según avanzó García Martín, el segundo proyecto más grande de España tras la Ciudad de la Justicia en material judicial será el Palacio de la Justicia de Móstoles, cuyos trabajos ya se han adjudicado. Permitirá unificar las cinco sedes actuales que están dispersas en la localidad y que albergan 25 juzgados: nueve de Primera Instancia, seis de Instrucción, seis de lo Penal, tres de lo Social y uno de Violencia sobre la mujer. El nuevo inmueble contará con una superficie construida de 35.358 metros cuadrados. En él se ubicarán los juzgados actuales y un espacio de reserva para siete más por si en un futuro se necesitara realizar una ampliación.

El plazo de ejecución de las obras inicialmente es de 32 meses a partir de este verano. La inversión ha superado los 30 millones de euros y permitirá atender a 300.000 vecinos de Móstoles y otros cinco municipios: Villaviciosa de Odón, Brunete, Móstoles, Quijorna y Villanueva de la Cañada.

Del mismo modo, García Martín señaló que se encuentran «muy avanzadas» las obras de los nuevos palacios de Justicia de Getafe, que «entrará en funcionamiento este año», y de Torrejón de Ardoz, cuya actividad empezará en 2025. Esta última infraestructura contará con un total de 14 juzgados, cuatro de ellos de reserva, uno de guardia, una oficina de asistencia a víctimas de delito, fiscalía, forensía, cámara Gesell, decanato, espacios para procuradores y abogados, así como otras dependencias policiales y estancias auxiliares. La instalación, cuyas obras estarán finalizadas en el mes de octubre, se está levantando en la avenida de la Constitución y cuenta con una inversión pública de 17,6 millones de euros. El objetivo, como en los otros casos, es reunificar los juzgados que ahora se encuentran dispersos para facilitar las gestiones con la justicia a los madrileños que viven en el este de la región.

También se suma a estos proyectos la Ciudad de la Justicia de Collado Villalba, que contará con una inversión de doce millones de euros. Del mismo modo, se rehabilitarán los edificios judiciales de Leganés, Alcorcón, Colmenar Viejo, Coslada y Fuenlabrada.

A estos proyectos pendientes de inaugurarse, hay que sumar el Palacio de la Justicia de Valdemoro, que arrancó en octubre del año pasado. El nuevo complejo, construido en una parcela cedida por el Ayuntamiento de Valdemoro, tiene una superficie construida de 10.445 metros cuadrados, repartidos en tres plantas y un sótano. Albergan también un juzgado de guardia, Registro Civil, Fiscalía, Colegio de Abogados y Procuradores, Mediación, Forensía, Decanato, sala de bodas, zona de policía y celdas. El Gobierno autonómico ha invertido 13,5 millones de euros, y está pensado para que atienda también los vecinos de Chinchón, Ciempozuelos, San Martín de la Vega, Titulcia, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco y Valdelaguna.

Como apuntó García Martín, la Comunidad de Madrid actuará en el 90 % de las 570 infraestructuras judiciales de la región entre 2023 y 2027, con una inversión superior a los 830 millones de euros. Por otro lado, el consejero avanzó que el 96% de las medidas recogidas en su programa de gobierno «ya se han cumplido o están en marcha». Y en ese plan, «el compromiso del Gobierno regional» es el de «la renovación de las infraestructuras judiciales, con el fin de ofrecer tanto a ciudadanos como a profesionales unas instalaciones modernas, digitalizadas y accesibles».