Clara advertencia de la Comisión Europea sobre las políticas de «memoria». La condena y el reconocimiento a las víctimas debe extenderse a todos los «regímenes totalitarios», entre los que se incluye, además y «particularmente» del «nazismo», también «el estalinismo y los regímenes comunistas». Así se pronuncia Bruselas tras una pregunta por escrito del prófugo Toni Comín, eurodiputado y mano derecha de Carles Puigdemont en la Eurocámara, sobre las llamadas «leyes de concordia» impulsadas por varios gobiernos autonómicos del PP y Vox.

En concreto, el eurodiputado pretendía la respuesta de la Comisión Europea sobre si la derogación de las anteriores leyes de «memoria democrática» para sustituirlas por éstas resulta «compatible» con los «valores» de la UE.

En su respuesta, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, la Comisión Europea recuerda que «las políticas en materia de memoria histórica son competencia de los Estados miembros». Pero, a continuación, destaca que «seguirá prestando apoyo a los proyectos que aborden la historia de los crímenes totalitarios en toda Europa y fomenten la memoria histórica en el marco del programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores», señalando aquí el respaldo a «las acciones conmemorativas centradas en las causas de los regímenes totalitarios, en particular del nazismo, pero también del fascismo, el estalinismo y los regímenes comunistas, además de conmemorar a las víctimas de sus crímenes».

Un claro aviso al Gobierno de Pedro Sánchez, cuya ley de «memoria democrática» -aprobada en 2022 gracias al apoyo de Bildu- elude la condena del comunismo, centrándose en la dictadura franquista.

La izquierda ha lanzado una ofensiva contra estas leyes, impulsadas por la derecha para reemplazar a las ideológicas leyes de «memoria democrática».  La semana pasada, el Tribunal Constitucional presidido por Cándido Conde-Pumpido acordó la suspensión cautelar de la llamada «ley de concordia» de Aragón tras admitir a trámite un recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de Pedro Sánchez.

En realidad, la de Aragón es una ley derogatoria que elimina el decreto de «memoria histórico y democrática» aprobado por el PSOE en 2018 y que tiene como objetivo «honrar y proteger» a todas las víctimas de persecución o violencia por motivos ideológicos, religiosos y sociales entre 1931 y 1978.

El texto, impulsado por el PP y Vox, denuncia «la idealización extrema de la Segunda República» por parte del anterior gobierno socialista «pretendiendo enlazar este período convulso de nuestra historia con el modelo de democracia actual; la condena de crímenes y atrocidades cometidas por un bando durante la guerra civil, pero la relativización de los cometidos por el otro, y la limitación de la definición de víctimas a los que sufrieron muerte y represión por una parte, pero no por la otra». Así, «el texto olvida y excluye de su ámbito de aplicación otros periodos, como el período de la Segunda República, cuando es notorio que en aquel y en otros periodos, la violencia política ejercida merecería su inclusión, a modo de lección histórica. De este modo, el texto puede llegar a sembrar la división y la confrontación entre los aragoneses».

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, anunció en mayo el recurso contra este plan de concordia del Gobierno de Aragón y avanzó además que el Ejecutivo recurrirá todas las leyes impulsadas por otros gobiernos, como el de la Comunidad Valenciana y Castilla y León. En el caso valenciano, la ley superó la semana pasada las enmiendas a la totalidad presentadas por el PSOE y Compromís. En Castilla y León, la norma sigue también su trámite y se debatirá previsiblemente tras el verano.

Informe ‘fake’ de la ONU

El propio Ejecutivo llegó a denunciar estas leyes ante Naciones Unidas, promoviendo la elaboración de un informe a medida de sus intereses.

«Las llamadas leyes de concordia podrían afectar a la obligación del Estado español, incluyendo sus poderes y entidades nacionales o locales, en materia de Derechos Humanos, en particular la obligación de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de Derechos Humanos», concluyeron tres relatores del organismo en este informe a medida del Gobierno de Sánchez.

Según los autores, estas leyes podrían llevar a asimilar las violaciones cometidas durante la dictadura franquista y la Guerra Civil «a un grupo heterogéneo de crímenes o violaciones cometidas por diferentes actores, estatales y no estatales, a lo largo del siglo XX en España», como es el caso de la banda terrorista ETA. Como reveló OKDIARIO, uno de los relatores de la ONU apoyó la ley vasca para la «reparación» de etarras.

(Gentileza OkDiario-Luz Sela)