La Asociación Dignidad y Justicia ha emitido un comunicado en el que expresa su sorpresa y desasosiego por el acuerdo del Consejo de Ministros de este martes para iniciar la tramitación del Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática.

En un breve escrito fechado este miércoles, Dignidad y Justicia pone los puntos sobre las íes y recuerda la situación en la que se encuentran las víctimas de la banda terrorista ETA, en especial los familiares de las más de 370 asesinatos de ETA que todavía no se han resuelto, “y muchos de los cuales no han prescrito”.

Dice Dignidad y Justicia que “lo más que hemos conseguido es el nombramiento de un fiscal coordinador de los casos de asesinatos sin resolver cometidos por ETA, sin haber conseguido los objetivos propuestos, dada la escasez de medios materiales y humanos”. Sin embargo, se queja esta asociación, esta situación contrasta con el despliegue de medios que hay “para la investigación de hechos producidos durante la Guerra Civil y la Dictadura, hasta la entrada en vigor de la Constitución, con funciones de impulso de los procesos de búsqueda de las víctimas de los hechos investigados”, y todo, “en coordinación con los órganos de las distintas administraciones con competencias sobre esta materia”.

Creen que la creación de esta Fiscalía en el Supremo atribuye al fiscal “funciones más propias de un historiador” que de un investigador del Derecho y más “teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos que son objeto de regulación en este anteproyecto y la prescripción de los mismos, y sin embargo haya falta de voluntad por parte de la Fiscalía General del Estado, de impulsar la causa por delitos de lesa humanidad por los crímenes cometidos por ETA, abierta en la Audiencia Nacional, a pesar de haberse dictado auto de procesamiento desde el año 2015, siendo imprescriptibles estos delitos”.

Por otro lado Dignidad y Justicia también recuerda que el anteproyecto aprobado por el Gobierno para revisar la historia de la Guerra Civil y la dictadura contempla la persecución de actos de exaltación o enaltecimiento del alzamiento militar, la Guerra Civil, la dictadura o contra asociaciones o fundaciones dedicadas a la apología del franquismo o la incitación directa o indirecta al odio o la violencia contra las víctimas de la dictadura. Y lo hacen, dice Dignidad y Justicia “cuando los mecanismos para proteger el honor y la dignidad de las víctimas del terrorismo han quedado vacíos de contenido como el artículo 578 del Código Penal, planteando incluso este gobierno la posibilidad de su derogación”.

“¿Acaso no merecen la misma protección de sus derechos al honor, a la dignidad, a la verdad y a la justicia las víctimas del terrorismo de la organización terrorista ETA?”, clama Dignidad y Justicia en su comunicado.

No menciona Dignidad y Justicia que a esta realidad se suma que los herederos de Batasuna-ETA en el Congreso presumían también este mismo martes de estar en el Congreso condicionando la acción del Gobierno de Sánchez.