Gracias a un operativo conjunto entre la Policía Nacional y autoridades estadounidenses, tres personas en Madrid resultaron detenidas a principios de esta semana por la comisión de delitos relacionados con la posesión y distribución de material pedófilo. Unos arrestos que se han producido en el marco de una ambiciosa operación contra el abuso infantil en Internet que se ha saldado con un total de 34 detenidos en toda España.

Las investigaciones, lideradas por la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional, tuvieron su pistoletazo de salida gracias a la información facilitada por el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados (NCMEC, según sus siglas en inglés) de Estados Unidos y de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (HSI), canalizada a través de la Embajada de Estados Unidos en nuestro país.

En este sentido, fuentes policiales señalan a GRAN MADRID que la cooperación internacional entre ambos países, así como la información facilitada por redes sociales y plataformas de servicios digitales resultaron claves a la hora de identificar a los sospechosos que estaban intercambiando material audiovisual en el que aparecían menores de edad explotados sexualmente.

Precisamente, gracias a la información facilitada desde una conocida red social, los agentes de la Policía Nacional pudieron localizar y detener a los tres individuos residentes en Madrid.

En los registros realizados, se incautaron teléfonos móviles, discos duros y otros dispositivos de almacenamiento informático que contenían imágenes y vídeos de contenido extremadamente degradante, incluyendo agresiones sexuales a bebés de pocos meses de edad.

Entre las singularidades de esta operación, desde la Policía Nacional destacan que varios de los detenidos eran extremadamente jóvenes. “Algunos de ellos, incluso, menores, con edades comprendidas entre los 14 y los 17 años”, precisan.

Finalmente, la Policía Nacional ha reiterado la importancia de no compartir ni almacenar imágenes de explotación sexual de menores de edad, advirtiendo que estos comportamientos constituyen un delito grave castigado con penas de hasta 9 años de prisión según el Código Penal.