Tal y como anunció la propia presidenta, Isabel Díaz Ayuso, en su toma de posesión, esta sería la “legislatura de la vivienda”. Entre las medidas del Ejecutivo autonómico para incrementar el parque disponible y facilitar el acceso de los madrileños al mercado inmobiliario destaca la nueva ley de medidas urbanísticas para la promoción de vivienda protegida. En la práctica, esta permitirá construir hasta 20.000 pisos de alquiler -el equivalente a 1,8 millones de metros cuadrados- a precio asequible a lo largo y ancho de la región sirviéndose de suelo destinado, al menos en origen, a oficinas. Tras el visto bueno por parte del Consejo de Gobierno a principios de mes, la Asamblea de Entrevías ha votado este jueves su aprobación definitiva, por la vía de lectura única.

Se trata, en concreto, de una medida “extraordinaria y temporal”, con un periodo de vigencia de 15 años, que autoriza el cambio del uso del suelo: de terciario, aquel que se destina a oficinas, a residencial. Este aplicará sobre viviendas sujetas a algún tipo de protección pública, que saldrán al mercado en régimen de alquiler y a “precio asequible”. El objetivo de esta iniciativa no es otro que acelerar los plazos de construcción para incrementar la oferta de pisos disponibles. En último término, argumentan desde Sol, esto permitirá rebajar la tónica alcista que experimentan actualmente los precios.

Una vez entre en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad, ha detallado en portavoz del Ejecutivo regional, Miguel Ángel García Martín, los ayuntamientos tendrán “autonomía” para decidir si la aplican o no. En caso afirmativo, también deberán explicitar si se activa en la totalidad del término municipal o únicamente en zonas concretas. Para ello dispondrán de un periodo de cuatro meses. Contarán, además, con un plazo de dos años para solicitar la licencia pertinente y tres más para la ejecución de las obras. Todo ello, matizan desde el Gobierno, sin que resulte necesario modificar de forma alguna el actual planeamiento urbanístico.

La iniciativa incluye también la exención de los planes especiales para la implantación de viviendas de protección pública en las parcelas supramunicipales calificadas como equipamientos. Con ello, aseguran, se reducirán los plazos de construcción en hasta 12 meses. El texto recoge asimismo un nuevo estándar sobre reservas de aparcamiento, situando el número máximo de plazas en una por vivienda.