El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha logrado salvar su criterio sobre la aplicación de la amnistía ante la Junta de Fiscales de Sala, el denominado ‘generalato’ de la institución, que ha comenzado a las nueve y media de la mañana, con el voto favorable de 18 de sus miembros, 19 si se tiene en cuenta el emitido por sí mismo, frente a los 17 restantes que han dicho que no a su propuesta. El fiscal Antonio Vercher ha optado por la abstención.

Según ha podido adelantar El Debate, la deliberación ha sido tensa, por momentos, entre los 34 asistentes presenciales, de sus 38 integrantes. Además, dos de los fiscales han intervenido de forma telemática y otros dos han justificado su ausencia –Luis del Río y Francisco Moreno– por razones médicas.

Entre quienes se han mostrado del lado del fiscal general, su número dos, la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde o Joaquín Sánchez-Covisa (que serán los nuevos encargados de firmar el dictamen pendiente de presentarse ante la Sala Segunda del Supremo) pero también el fiscal jefe del Tribunal Constitucional, Pedro Crespo; el titular de la Fiscalía en la Audiencia Nacional, Jesús Alonso; o, los fiscales Pilar Barrero, Fernando Rodríguez Rey, Beatriz Sánchez, José Ramón Noreña; y, su predecesora y amiga, Dolores Delgado.

Esta última pese a que sus dos nombramientos han sido anulados y, por lo tanto, ya habría perdido la máxima categoría necesaria para acceder al cónclave. Si bien, el Gobierno todavía no ha consumido el plazo legal de dos meses para la ejecución del fallo.

Para los fiscales María José Segarra, ex fiscal general del Estado, Antonio Narváez, Pilar Fernández Valcarce, Elvira Tejada o Francisco Jiménez Villarejo, la malversación debe quedar excluida de la manistía, como argumentaron los promotores del artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) que hoy ha dado lugar a la cita.

En contra de la tesis planteada por los cuatro fiscales al frente de la causa especial del 1-O en el Supremo –Consuelo Madrigal, Fidel Cadena, Jaime Moreno y Javier Zaragoza–, contraria a aplicar la amnistía a la malversación cometida por los separatistas catalanes, con Carles Puigdemont en cabeza, para financiar la celebración del referéndum inconstitucional; García Ortiz ha logrado sacar adelante su posición, notificada vía decreto a la Carrera la semana pasada, que apuesta por defender, ante la Sala Segunda del Alto Tribunal, el borrado penal total del procés catalán.

El titular del Ministerio Público considera que, frente a la discrepancia justificada por los fiscales en un informe de más de 169 páginas, en el desvío de los fondos públicos empleados por el independentismo, en 2017, no existió ánimo de lucro de ninguno de los responsables, por lo que el tipo legal previsto en la amnistía, pactada por PSOE y Junts, debe beneficiar a todos y cada uno de los procesados y condenados, sin excepción.

Por la mínima, gracias a la mayoría afín

Así las cosas, Madrigal, Moreno, Zaragoza y Cadena ya advirtieron a su superior jerárquico de que, con independencia del resultado de la Junta celebrada esta mañana, se mantendrán firmes en las razones por la que, hace ya algunos días, avanzaron que no acatarían sus instrucciones de «inmediato y obligado cumplimiento», sobre la interpretación de la Ley de Amnistía a los condenados y procesados del separatismo catalán.

Los cuatro responsables de la causa especial del 1-O ante el Supremo consideran que «los argumentos expuestos para justificar la aplicación incondicional de la Ley de Amnistía a los hechos constitutivos de malversación», al caso concreto del líder de Junts Carles Puigdemont, como ha respaldado el ‘generalato’ de la institución, no sólo «no desvirtúan en absoluto los criterios jurídicos plasmados» en sus dos informes, y en «las soluciones que se proponen en los mismos».

Frente a las razones dadas por García Ortiz, para imponer una aplicación indiscutida e indiscutible de la polémica norma, los veteranos fiscales defienden que hay lagunas «manifiestamente insuficientes para legitimar la viabilidad y el ajuste a la legalidad de la orden impartida».

El decreto de García Ortiz es «improcedente» y «contraria a las leyes» al no ajustarse a los criterios «más elementales de la lógica jurídica y de la legalidad penal», defendieron los cuatro fiscales. Por ello, decidían plantear un conflicto, según lo previsto en su Estatuto, para que fuesen sus compañeros quienes resolviesen una controversia. El fiscal general ha conseguido sortear el envite, una vez más, gracias al apoyo prestado por la mayoría simple de los miembros nombrados durante buena parte de su mandato.

(Gentileza de El Debate-María Jamardo)