La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, desconoce cuántos presos han solicitado el cambio de sexo registral desde que entró en vigor la ley trans, en marzo de 2023. Así lo confiesa Ángel Luis Ortiz en una resolución de Transparencia a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, que indica que «la población reclusa puede mantener comunicaciones formales con otras administraciones para el trámite que considere oportuno sin que haya un registro específico del contenido de las mismas».

«Los centros penitenciarios no son el órgano competente al que una persona privada de libertad ha de dirigirse para un cambio de sexo», abunda la resolución, que también confiesa que «las solicitudes de cambio de módulo o departamento que realicen las personas privadas de libertad son estudiadas e informadas caso a caso, al amparo de la normativa penitenciaria en vigor por los diferentes órganos personales y colegiados de cada uno de los establecimientos penitenciarios, sin que haya un registro específico de estos cambios».

«Los traslados de las personas privadas de libertad son analizadas por los equipos técnicos de los diferentes establecimientos penitenciarios en base al principio de individualización, con un análisis holístico de cada uno de los casos y en cumplimiento de la normativa penitenciaria en vigor, sin que existan otros criterios diferentes a estos», zanja el secretario general de Instituciones Penitenciarias.

Este documento supone una admisión de ignorancia del Gobierno, que no ha previsto ningún mecanismo para contabilizar los casos de cambio de sexo ni para impedir el fraude trans en las cárceles, pese a la preocupación del colectivo feminista.

Los únicos datos que se conocen sobre la ley trans, y que fueron adelantados por THE OBJECTIVE, son los que tienen que ver con el número total de cambios de sexo registral registrados en 2023: 5.139, un 392,5% más con respecto al año anterior. De estos, (el 61,49%) son hombres que quieren pasar a ser mujer a efectos legales.

Casos en cárceles

Esto no significa que no estén saliendo a la luz numerosos casos. El más reciente, del que informó este medio, es el de Miguel Antonio R.P., que cumple una condena de 30 años en el centro penitenciario de Zuera por delitos de asesinato, robo con violencia e incendio tras haber matado a golpes a su vecina en Palma (Mallorca) e incendiado su domicilio en 2015. A sus 34 años, se ha trasladado a uno de los módulos femeninos después de que se autopercibiera mujer y comenzase un tratamiento de homonación hace unos meses.

Una decisión que ha causado un enorme revuelo entre los funcionarios de prisiones de la cárcel zaragozana, que califican de «fraude» el cambio de sexo registral de Miguel por su comportamiento dentro de la prisión. Lo cierto es que, indican las mismas fuentes, la dirección de Zuera negó en varias ocasiones la petición de cambio de departamento al preso desde que comenzase su proceso de hormonación el pasado verano, pero finalmente autorizó en abril su traslado al módulo 13 de la prisión, en el que convive ahora con numerosas mujeres.

Otro caso sonado fue el de un hombre que ingresó en la cárcel de Fontcalent (Alicante) y, una vez dentro, ya cumpliendo condena, declaró que se percibía mujer y solicitó su traslado al módulo femenino, petición que le fue concedida. Cambiada de pabellón, inició allí una relación con otra interna y ésta quedó embarazada. Estos dos son solo algunos de los que han trascendido.

Las asociaciones feministas contrarias a la ley trans ya dieron la voz de alarma antes de que se aprobara la norma, por cuanto en Escocia ya se habían dado casos similares que derivaron en la dimisión de la primera ministra Nicola Sturgeon.

(Gentileza de The Objetive-Marcos Ondarra)