El Gobierno de Castilla y León tiene nuevos presupuestos, pactados por PP y Vox. No figura ni un euro de subvenciones a los sindicatos, tras eliminar las ayudas por valor de 20 millones de euros que se concedían anteriormente. Esa cantidad ahora irá destinada al Bono Nacimiento: 20 millones de euros a repartir entre 7.500 familias que registren un nacimiento a lo largo del año.

Si hay un paradigma de la España vaciada, de la despoblación rural, ése es Castilla y León. El Instituto Nacional de Estadística (INE) refleja año a año que ninguna comunidad pierde más habitantes a un ritmo tan elevado como Castilla y León. De ahí, que el fomento de la natalidad se haya convertido en una de las prioridades del Gobierno autonómico que dirigen el popular Alfonso Fernández Mañueco y su vicepresidente de Vox, Juan García Gallardo.

Entre las medidas aprobadas y reflejadas en los presupuestos autonómicos recién aprobados se encuentra un cheque-bebé para familias que tengan un hijo en 2023 -también cuentan las adopciones-. El plan incluido en las cuentas de 2024 contempla ayudas desde los 500 euros por un primer hijo de una familia de renta alta hasta los 2.500 a partir del tercero en una familia de renta más baja. Esta medida tiene asociado un presupuesto de 20 millones de euros, que desde el Gobierno autonómico calculan que podría beneficiar a unas 7.500 familias.

El dinero se entrega a los beneficiarios en forma de Tarjeta Familia para que los progenitores puedan realizar compras de productos relacionados con el bebé en uno de los 1.318 establecimientos adheridos que figuran en las bases del acuerdo.

Este plan tiene el mismo impacto en las arcas públicas que el que tenían los 20 millones de euros que se dedicaban a subvenciones a sindicatos como UGT y CCOO con anteriores gobiernos regionales. De hecho, la ausencia, otro año consecutivo, de esta partida, ha soliviantado a los sindicatos.

Reclamación de los sindicatos

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo de Castilla y León ha redactado un informe, en respuesta a la reclamación presentada por UGT y CCOO ante el Comité Europeo de Derechos Sociales en la que denuncian que la Junta ha incumplido el Diálogo Social, donde defienden el recorte a las subvenciones de los sindicatos. En dicho escrito, el Gobierno castellanoleonés ha defendido que las organizaciones sindicales no poseen un «derecho adquirido» para percibir estas partidas presupuestarias. Además, critican que tanto UGT como CCOO omiten las críticas hacia el Ejecutivo de Pedro Sánchez cuando incumple repetidamente el Diálogo Social.

«Los sindicatos han convertido el Diálogo Social en un fin para la obtención de subvenciones y no en un medio que permita a través de la negociación entre diferentes actores mejorar el bienestar de los ciudadanos a través de distintas políticas públicas. De este modo, queda claro que mientras reciben subvenciones no se quejan del mal funcionamiento del Diálogo Social, incluso cuando son conscientes, como hemos señalado, de que hay muchas decisiones del Gobierno de España que han incumplido el mismo. El Diálogo social no consiste en reclamar la devolución de subvenciones por parte de los sindicatos para financiar sus estructuras, sino que debería ser un medio que permitiese negociar políticas públicas que procurasen mayor bienestar y crecimiento económico a la sociedad», explica el informe.

(Gentileza de OkDiario-Pelayo Barro)