La hiperprotección de las colonias felinas es uno de los aspectos más controvertidos de la ley de Bienestar Animal. El principal motivo es el elevado coste para los ayuntamientos, los responsables de cuidar a los gatos callejeros. El otro, es la amenaza que supone este depredador para otras especies autóctonas. El presidente de la Organización Colegial Veterinaria, Luis Alberto Calvo, lo tiene muy claro: “El control de las colonias felinas debe tener la finalidad única de reducirlas para que desaparezcan”.

La ley animalista, en vigor desde hace medio año, obliga a los ayuntamientos a crear un plan de gestión de colonias felinas. Además de atender, alimentar y proteger a los gatos callejeros (ahora denominados “gatos comunitarios”), los ayuntamientos están obligados a capturar a todos los animales, vacunarlos, desparasitarlos, esterilizarlos y devolverlos a sus colonias de origen. También deben designar a un responsable de alimentar a los gatos y cuidar de que estén bien atendidos.

“Es una preocupación importante porque estamos hablando de animales que viven en la calle y ese no debería ser el hogar de ningún animal de compañía”, señala Calvo. “Por ese motivo, nosotros entendemos que la gestión de las colonias debe tener una finalidad única de reducirlas para que desaparezcan”.

Un tema de salud pública

Calvo destaca que la desaparición de las colonias felinas es una cuestión de salud pública y protección de otras especies: “Yo no quiero ir con mi hijo y que los gatos le transmitan una tiña, un hongo, una parasitosis o pulgas. Tampoco quiero que la biodiversidad de las aves que hay en una ciudad desaparezca por culpa de los gatos callejeros”.

Calvo recuerda que los gatos cazan ratones, palomas, lagartijas y otros animales sin control sanitario: “Hay enfermedades que se transmiten con facilidad, hay que tenerlas controladas y esto es responsabilidad de los ayuntamientos”.

¿Y quién lo paga?

El presidente de la Organización Colegial Veterinaria está convencido de que la Ley de Bienestar Animal es “necesaria”, pero también critica que carezca de la dotación económica suficiente para que los consistorios puedan abordar sus obligaciones.

“Los ayuntamientos tienen que tener los medios suficientes para controlar a los gatos. Si haces una ley, tendrás que dotarla de un presupuesto para ayudar a los municipios”, insiste Calvo. “Es muy fácil obligar a capturar y esterilizar a los gatos, pero ¿quién asume el coste?”, cuestiona.

Calvo también recuerda que en los 8.000 ayuntamientos de España hay un total de 300 veterinarios municipales, lo que se suma a esa falta de medios que padecen los ayuntamientos a la hora de cumplir con la ley de Bienestar Animal: “Al final, no hay dinero en el mundo. Debe regularse bien y si se obliga a algo, hay que saber los costes que conlleva”.

(Gentileza de Libertad Digital-Marta Arce)