El portavoz del Ejecutivo madrileño y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, ha informado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que desde la Comunidad han contactado con el ministerio del Interior que dirige Fernando Grande Marlaska para solicitar un refuerzo en la seguridad de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

“Permítame que no entre en demasiados detalles sobre la seguridad ordinaria o extraordinaria que pueda tener la presidenta de la Comunidad de Madrid. Sí que le anticipo y sí que le digo que, lógicamente, nos hemos puesto en contacto con el Ministerio para reforzar esa seguridad toda vez que en el entorno de la vivienda privada donde está residiendo la presidenta está habiendo personas que se están acercando y están tratando de hablar con el entorno, con los vecinos y que de alguna manera, lógicamente, tiene que estar suficientemente protegida”, afirmó García.

Fuentes del entorno de Díaz Ayuso acusaron este martes al delegado del Gobierno de Pedro Sánchez en Madrid, Francisco Martín, de “no querer poner vigilancia permanente 24 horas en la presidenta”. Algo que, a su juicio, “supone una anomalía”.

El aludido negó este extremo y respondió en estos términos en las redes sociales: “Indignado con la desinformación de ciertos medios sobre la protección de Díaz Ayuso. Si las mentiras que publican ya son graves, la irresponsabilidad de dar detalles sobre la seguridad de una autoridad todavía lo es más. Les dan igual los desmentidos, les da igual todo”.

En este punto, el portavoz y consejero del Gobierno de Ayuso destacó que hay que “tratar de respetar los entornos privados, no sólo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de cualquier persona pública” y denunció que se “están traspasando líneas rojas”. Tal y como expuso, “la presidenta tiene derecho de poder disfrutar de su vida privada sin ser acosada en su domicilio particular”. También su “entorno familiar” tiene “derecho al anonimato”, dijo sobre el novio de la jefa del Ejecutivo regional. “No ostenta ningún cargo público”.

“Creo que tenemos que ser muy cuidadosos y muy respetuosos con el entorno privado de cualquier político, de cualquier persona y también, por qué no, de la presidenta de la Comunidad de Madrid que, como digo, tiene derecho a preservar su propia intimidad y su propia vida privada”, añadió.

“Hasta donde yo sé, las personas que han estado en las inmediaciones de la vivienda donde reside la presidenta son los que se han identificado como periodistas ante vecinos y comerciantes”, ha justificado cuando se le ha preguntado por si el Gobierno madrileño avala que “un cargo institucional intente intimidar” a los periodistas de El País, distribuyendo sus nombres y fotografías a la prensa. “Ellos estaban ejerciendo su actividad pero son ellos los que se han identificado”, reiteró. “La identificación la han hecho ellos mismos, no el Gobierno de la Comunidad de Madrid”.

Eludió el portavoz y consejero todas las preguntas que tenían que ver con el jefe de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, para a continuación añadir: “El respeto por la libertad de prensa no lo van a encontrar ustedes más claro en un Gobierno como en el de la Comunidad de Madrid, donde respondemos sin tapujos en todas las ruedas de prensa, no vetamos absolutamente ninguna pregunta ni a ningún medio de comunicación”. Incidió en que “todos los miembros de este Gobierno tenemos un respeto absoluto al trabajo que hacen los informadores, al trabajo de los medios de comunicación y de todos y cada uno de los periodistas”.

La comparecencia de Miguel Ángel García se produjo tan sólo unas horas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volviera a arremeter un día más desde el Congreso contra Ayuso, a la que acusó de “vivir en dos pisos de más de dos millones, pagados, en buena medida, por el fraude fiscal”.

Sánchez “se encuentra en la desesperación de tener que echar tinta de calamar por la grave situación que está viviendo”, le replicó después el consejero, que censuró que se ponga en marcha la maquinaria del Estado “para atacar a un particular”, con la intervención de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y de la Fiscalía General del Estado filtrando datos de un particular. “Sánchez tiene que dar explicaciones de lo que ocurre en el seno de su propio gobierno y de su partido” sobre el caso Koldo y también sobre un caso de “corrupción política”, como es la tramitación parlamentaria de la Ley de Amnistía.

El portavoz insistió en que su postura es un equilibrio entre “garantizar el derecho a la información y el derecho a la propia intimidad”. La presidenta “tiene que responder por los actos que realiza la Comunidad de Madrid y tratar de preservar el anonimato de personas que no son de la Comunidad”, apuntó. “Respeto absoluto” hacia la prensa “pero también pedimos que no se traspasen líneas rojas”.

(Gentileza de Libertad Digital-Olivia Moya)