El papel del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la polémica sobre el inédito comunicado de la Fiscalía Provincial de Madrid revelando las comunicaciones secretas mantenidas –fechas, conversaciones y reuniones– entre el fiscal Julián Salto, responsable de la investigación del novio de Isabel Díaz Ayuso y la defensa de éste, ejercida por el abogado Carlos Neira, está cada vez más en entredicho.

Según ha podido saber El Debate, de fuentes próximas al Ministerio Público, la fiscal jefe de la Comunidad de Madrid Almudena Lastra «se negó rotundamente» a firmar el documento autorizado por el propio titular del Ministerio Público y se limitó a remitir el mismo desde el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia (TSJM), en la versión cronológica de los hechos asumida por el fiscal Julián Salto. Eso sí, no sin antes dejar por escrito vía mail a García Ortiz que la difusión de la nota respondía al «estricto cumplimiento» de sus instrucciones de acuerdo con lo previsto en el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Público (EOMF).

Según las mismas fuentes, a juicio de Lastra, tanto la cronología de las conversaciones entre el abogado de la pareja de la presidenta madrileña y la Fiscalía Provincial, como los pormenores de las mismas desvelados en el contenido del comunicado que terminó viendo la luz, eran incompatibles con el deber de «confidencialidad» de las partes en el proceso reglado para alcanzar pactos de conformidad. Una posición de la fiscal que para algunos miembros de la Carrera «prueba la antijuricidad palmaria» de las órdenes emanadas de García Ortiz para la gestión de este asunto.

No en vano, fue la hoy fiscal superior de la Comunidad de Madrid, de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), quien durante su etapa como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del Senado impulsó, en 2009, la firma del Protocolo de Actuación para Juicios de Conformidad entre la Fiscalía General del Estado, bajo el mandato de Cándido Conde-Pumpido, y el Consejo General de la Abogacía Española, presidido por Carlos Carnicer Díez.

Lastra «conoce los términos de dicho mecanismo de solución consensuada del proceso penal» y la importancia vital de «proteger el secreto de las negociaciones entre el Ministerio Fiscal y la defensa de los imputados», apuntan algunos de sus compañeros de Carrera consultados por El Debate. De ahí que se «opusiese por escrito» a acatar el contenido de una nota que «destruye la esencia misma del protocolo de conformidad del que ella es alma mater», añaden las mismas fuentes.

La Abogacía se desvincula del protocolo

En una declaración institucional del pasado viernes, el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) denunciaba la publicación de la nota emitida por la Fiscalía de Madrid, con las comunicaciones entre el abogado de un investigado y el fiscal al frente de dicha investigación por vulnerar «la garantía de confidencialidad» de las partes.

«Se ha constatado una violación flagrante, por parte de la Fiscalía de Madrid, del artículo 4.5 EOMF, que exige un estricto cumplimiento de los deberes de confidencialidad y discreción, salvaguardando los derechos de los afectados», aseguraba el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, en una comparecencia institucional realizada ayer ante los medios de comunicación.

El decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Eugenio Ribón, flanqueado por varios de los diputados de la Junta de Gobierno durante la lectura de la declaración institucional

En el transcurso de la misma, además, Ribón anunció que el ICAM «se desvincula del Protocolo de Conformidades» hasta que «no se establezcan mecanismos reforzados de confidencialidad» dada «la inadecuación de los actuales» y a que «vistos los hechos, el secreto de sus comunicaciones no parece estar garantizado». El Colegio de la Abogacía madrileña ha instado una doble denuncia, penal y administrativa, tras lo ocurrido en los últimos días, para que sea la Justicia la que depure las «posibles responsabilidades penales de la Fiscalía de Madrid» en la divulgación «sin precedentes» de un texto con datos «confidenciales» del novio de Díaz Ayuso.

Malestar y «agotamiento» de los fiscales

En el seno de la propia Fiscalía el malestar y el «agotamiento» de los fiscales es palpable. Lo ocurrido es de una «gravedad sin precedentes» y «dinamita la poca credibilidad» de la institución, tras los numerosos escándalos que rodean ambos mandatos de García Ortiz. La última entrega en las cuestionadas decisiones del titular del Ministerio Público «vulnera el derecho de defensa» del investigado, «que por ende es un ciudadano particular y el secreto profesional de un letrado en el ejercicio de sus funciones de representación».

Por algo el artículo 62 del EOMF sanciona «expresamente» la «divulgación indebida de información» por parte de cualquier miembro del Ministerio Fiscal que haya sido obtenida «durante o por motivo de sus funciones, especialmente cuando dicha revelación perjudica a la integridad de los procesos judiciales o afecta a cualquier individuo involucrado», como en el caso de la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

De poco o nada han servido por el momento las explicaciones del propio García Ortiz asegurando que se han «salvaguardado» todos los deberes de la Fiscalía en la gestión de un asunto que nace de una orden directa suya. Un nuevo varapalo a las exigencias de «neutralidad e imparcialidad» de un Ministerio Público que «suscribe a diario numerosos acuerdos de conformidad, sin deslices», recuerdan varios fiscales a este diario.

(Gentileza de El Debate-María Jamardo)