El jueves 7 de marzo, el Gobierno de Pozuelo de Alarcón organizaba una mesa redonda con motivo del Día Internacional de la Mujer (que se conmemoraba un día después, 8 de marzo) para hablar de liderazgo femenino. Al evento estaban invitadas la periodista y escritora galardonada con el Premio Planeta 2023 Sonsoles Ónega, la directora general de Orange España Luz Usamentiaga, y la presidenta ejecutiva del Grupo La Finca Susana García-Cereceda.

Precisamente, un día después, ese 8 de marzo, ese mismo Gobierno de Pozuelo comunicaba al Grupo La Finca, dirigido por la propia García-Cereceda, y dueño de una de las urbanizaciones más lujosas de España, residencia de futbolistas, famosos y empresarios acaudalados, la imposición de una multa de 238.932 euros por talar árboles irregularmente para construir una nueva promoción de viviendas en altura, la llamada Nueva Finca (Casablanca).

Concluido el periodo de alegaciones, el Gobierno de Pozuelo de Alarcón ha decidido finalmente sancionar al Grupo La Finca por no poder justificar la tala de 80 árboles que estaban protegidos.

La Finca deberá pagar 127.092 euros en concepto de indemnización por los daños ocasionados y otros 111.200 euros en concepto de multa.

En realidad, el Grupo eliminó 85 árboles, pero solo ha podido justificar la tala de cinco ejemplares. El resto fueron cortados incumpliendo la normativa. Los árboles talados estaban protegidos por la ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid.

El Grupo La Finca decidió hace años ampliar su elitista urbanización en un nuevo sector residencial bautizado como Casablanca, entre la M-511, la avenida de Luis García-Cereceda (fundador de La Finca) y la avenida de Casablanca. El proyecto incluía duplicar la extensión del campo de golf Los Largos hasta los 18 hoyos, levantar un nuevo centro comercial (La Finca Grand Café), inaugurado ya en septiembre de 2023, y levantar tres nuevas promociones de viviendas: La Finca Garden, LGC7 y LGC3.

Es precisamente en este último complejo, el LGC3, donde se han construido 144 viviendas de 3, 4 y 5 dormitorios desde los 200 metros cuadrados hasta los 400 metros de superficie, donde han surgido los problemas y se han talado los árboles, que según los técnicos municipales, eran intocables.

Los precios de estas casas en altura parten desde el millón de euros, por lo que una multa que ronda los 240.000 euros parece poco para un promotor que va a sacar una importante rentabilidad en este proyecto.

El Gobierno de Pozuelo se ha tomado muy en serio desde que comenzó el año pasado 2022 la protección del arbolado y está realizando un control exhaustivo de las licencias de obras que se piden y que pueden afectar a la masa arbórea del municipio.

(Gentileza de Infobae-David Fernández)