El gobierno de Pedro Sánchez prepara cambios en la Ley de Gestión Sanitaria que supondría reducir los convenios para la gestión privada de hospitales públicos. La ministra de Sanidad quiere evitar que el sector privado participe en el Sistema Nacional de Salud.

Cómo es natural y lógico, la Comunidad de Madrid se muestra contraria a la intención de Mónica García.

La Comunidad de Madrid ha trasladado este martes su rechazo a la nueva Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS) anunciada por el Ministerio de Sanidad y ha defendido un modelo “consolidado” de colaboración público-privada que “viene funcionando de una manera eficaz y eficiente” desde hace “mucho tiempo”.

En declaraciones a los medios tras la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Gobierno, Miguel Ángel García Martín, ha recalcado que el Ejecutivo regional no comparte “el objetivo” de la ley, que facilitará la reversión de la gestión privada de servicios sanitarios públicos.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha explicado que “se cierra así la Ley 15/1997”, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, que abría la puerta a modalidades de gestión “que han deteriorado la sanidad” y se da vía libre a ese lema de “la sanidad no se vende, la sanidad se defiende”.

Desde el gobierno de la Comunidad de Madrid, han denunciado que no conocen el contenido de la futura Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, de la que han tenido noticias a través de los medios de comunicación como cualquier otro ciudadano cuando la Comunidad tiene que gestionar sobre el tema.

“Lo curioso es que en un sistema que es gestionado por las 17 Comunidades Autónomas y Ceuta y Melilla hemos tenido conocimiento de esta futura ley a través de los medios de comunicación y porque hay colgada una ficha sobre el propósito, sobre los objetivos que tiene esta modificación legal en el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado, ha explicado.

El portavoz del Ejecutivo autonómico ha afeado así no disponer de un texto sobre el que poder leer “negro sobre blanco” qué es lo que pretende hacer el Ministerio “más allá de ese anuncio que ha realizado y más allá de esa ficha informativa que simplemente recoge los objetivos que persigue esa ley”.

En cualquier caso, ha recalcado la oposición de la Comunidad de Madrid a este cambio normativo. El Ministerio ha sacado a consulta pública esta ley, con la que pretende “poner coto” a los “usos indecentes” del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Entre otros objetivos, la ley busca “facilitar la reversión de los fenómenos de gestión por entes privados de servicios sanitarios públicos”, según se recoge en el propio documento de la consulta pública. “Esta ley va a poner coto al lucro incesante de las diferentes formas de gestión de nuestra sanidad. Se da un carpetazo a la Ley 1597 y se da vía libre al lema de ‘La sanidad no se vende, la sanidad se defiende'”, en palabras de la ministra.

En esta línea, el portavoz del Gobierno ha expresado la “preocupación por las intenciones” del Ministerio y el “estupor” ante el hecho de que algo tan “sensible e importante” como es la gestión sanitaria “que afecta todos los días a miles de ciudadanos” no haya sido informado a las Comunidades Autónomas.

“Lo lógico sería que cualquier modelo, que cualquier cambio en el modelo que se quisiera realizar, sea consensuado con las Comunidades Autónomas, que somos los gestores y somos los financiadores del sistema público sanitario en Madrid y en el resto de regiones”, ha defendido el consejero.

En cuanto al objetivo de la norma, García Martín ha subrayado que el modelo de colaboración público-privada en materia sanitaria que está “consolidado” en muchas Comunidades Autónomas, “viene funcionando de una manera eficaz y eficiente”. “No estamos de acuerdo con ningún tipo de ley que venga a incorporar cuestiones que van a afectar al modelo sanitario del conjunto del Sistema Nacional de Salud y que al final los máximos perjudicados van a ser los pacientes, por tanto van a ser los ciudadanos”, ha explicado.

En este sentido, ha argumentado que el Ministerio “tiene una agenda muy repleta” de asuntos que “sí que son necesarios abordar a la mayor brevedad posible”, entre los que ha citado el déficit de médicos y la necesidad de incrementar la plantilla de enfermeras o gestionar la sanidad en Ceuta y Melilla, con las listas de espera más importantes del país.

“Yo lo que le pido a la ministra que antes de revisar nada compruebe efectivamente cómo viene funcionando este modelo en las distintas comunidades autónomas de cualquier signo político, de cualquier condición, y que este sistema se ha venido consolidando con los años, porque bajo el respeto lógicamente de la unidad de acción en la sanidad venimos trabajando de forma clara y sin ningún tipo de problema en beneficio de todos los ciudadanos y en beneficio de todos los pacientes, que es para lo que estamos aquí gestionando las cuestiones de lo público”, ha zanjado.

(Gentileza de Telemadrid)