El jurista Manuel Fernández-Fontecha, letrado de la Comisión Constitucional durante la legislatura anterior, purgado por el letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo, ha declarado este lunes en una entrevista concedida a Es la mañana de Federico de esRadio que la ley de amnistía “ha muerto” después de que fuera rechazada el pasado martes con los votos de PP, Vox y Junts: “Hay una cosa muy importante en el derecho parlamentario: hay una jerarquía de órganos, el pleno es superior a la comisión. No se puede tramitar algo en contra del pleno de la cámara”.

El letrado ha remitido al artículo 79 de la Constitución, que reza: “Dichos acuerdos, para ser válidos, deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales que establezcan la Constitución o las leyes orgánicas y las que para elección de personas establezcan los Reglamentos de las Cámaras”. Fernández-Fontecha ha dicho que “la ley decae porque no hay ni texto del pleno ni dictamen”: “El dictamen ha desaparecido, no es que sea nuevo o viejo”. Además, se estaría “resolviendo contra los precedentes”, dos proyectos de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en 1997 y en 1999.

Fernández-Fontecha ha explicado que se tendría que hacer una nueva ley y que “no cabe en el ámbito de procedimiento parlamentario la repetición de una votación hasta que salga”: “La cuestión queda permanentemente abierta: si toda votación se lleva a una nueva votación, el principio de estabilidad jurídica queda demolido”. El letrado ha indicado que “no estamos hablando de un defecto formal pequeño, sino de una infracción de la norma del procedimiento grave. Si se ha aprobado un proyecto de ley en segunda vuelta, por decirlo así, que antes había sido rechazado, esto no hay quien lo entienda”. “El pleno es el órgano más relevante del Congreso, es el Congreso como tal”, ha insistido.

Para paralizar la tramitación de una ley que fue rechazada el pasado martes, Fernández-Fontecha que hay que “interponer un recurso que se llama reconsideración contra el acuerdo de la presidenta” y, en caso de que sea desestimado, “recurrir en amparo al Constitucional porque ha habido una vulneración al derecho fundamental a ejercer el cargo, porque el voto no es un fiel reflejo del voto real”. Ahora bien, la cosa no es instantánea: “Es un trámite que tiene unos pasos fijos y que no puede resolverse en una semana. Es un proceso que puede llevar tiempo, un mes o un mes y medio”.

Finalmente, preguntado por el cambio de opinión del fiscal del Supremo tras despachar con el fiscal general del Estado, ha respondido que le “parece muy extraño”: “El delito de terrorismo está perfectamente definido. No es un delito abierto que se puede rellenar con otros contenidos”.

(Gentileza de Libertad Digital)