La jueza del Juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles ha propuesto juzgar a la exalcaldesa de la localidad Noelia Posse y a ocho de sus ediles en la anterior legislatura por un presunto delito de prevaricación por la condonación de una deuda a la empresa ITV Móstoles.

Esta misma semana se conocía que este Juzgado ratificaba la personación del Ayuntamiento de Móstoles como acusación particular en este caso al desestimar un último recurso presentado por la defensa de Posse, lo que dejaba la puerta abierta a que la jueza acordara “la transformación de la causa en Procedimiento Abreviado”.

Tras la desestimación de este recurso, el Juzgado de Instrucción Número 1 de Móstoles ha dictado, a fecha de 1 de febrero, el citado auto de transformación en procedimiento abreviado, al que ha tenido acceso EFE, lo que supone un paso previo a la apertura de juicio oral por un presunto delito de prevaricación.

Ahora las diferentes partes personadas tendrán que presentar ante el Juzgado sus escritos de acusación o escritos de defensa de cara a que la titular del órgano jurisdiccional dicte en unos meses la resolución definitiva para que el juicio se pueda desarrollar en la Audiencia Provincial de Madrid.

Fue la propia Audiencia Provincial de Madrid la que ordenó en marzo pasado a este mismo Juzgado que revocara el auto de sobreseimiento inicial del caso y acordara “la transformación de la causa en Procedimiento Abreviado”, reabriendo de esta manera el llamado Caso ITV.

En el auto, la Audiencia estimaba el recurso de apelación presentado por los exediles de Más Madrid Gabriel Ortega y Susana Millán al considerar que no se podía descartar la existencia de indicios de un delito de prevaricación administrativa por condonar una deuda a la empresa concesionaria de más de 2 millones de euros.

Además de Noelia Posse están acusados de un presunto delito de prevaricación el exprimer teniente de alcalde David Muñoz; la exconcejala de Empleo y Nuevas Tecnologías, Rebeca Prieto; el exedil de Seguridad, Cultura y Transición Ecológica, Alejandro Martín; y a la exedil de Presidencia y Desarrollo Urbano, María Luisa Ruiz, todos ellos del PSOE.

Todos ellos continúan hoy en día como concejales del grupo socialista en el Ayuntamiento de Móstoles, con la propia Posse como portavoz municipal, una vez que abandonaron el Gobierno municipal tras la victoria de PP y Vox en las últimas elecciones municipales.

También están investigados por este asunto las exediles de Igualdad, Dolores Triviño y Beatriz Benavides, ambas del PSOE, el exedil de Hacienda y de Recursos Humanos, Aitor Perlines; y la exedil de Educación y Juventud, Natividad Gómez, esta última de Podemos, que ya han abandonado la política.

El delito del que se les acusa, la prevaricación, no conlleva penas privativas de libertad, pero sí la inhabilitación para el ejercicio de cargo público.

Desde la defensa de los acusados se ha apelado siempre a “la presunción de inocencia”, insistiendo siempre en que se trataba de «una querella política» y que seguirían ejerciendo “su derecho a la legítima defensa con todo lo que sea necesario, igual que lo hacen todos los que recurren”.

“Lo único que hicimos fue intentar salvar el sustento de 40 familias y ayudarles como también lo hicimos con muchas otras familias durante los momentos más duros de la pandemia”, han añadido sobre el fondo del caso.