La reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid vuelve a estar sobre la mesa. Todos los grupos con representación en la Asamblea -PP, Más Madrid, PSOE y Vox- están de acuerdo en que toca cambiar el texto publicado en 1983 porque algunos pasajes se han quedado desfasados, pero hay diferencias a la hora de establecer qué artículos son susceptibles de ser actualizados y también en qué sentido.

El debate se ha retomado tras una propuesta del PSOE. Su portavoz, Juan Lobato, ha enviado una carta al resto de grupos para emplazarles a trabajar en una modificación que culmine en la desaparición de la palabra ‘minusválido’ del Estatuto esta misma legislatura, a la mayor brevedad posible. Esta iniciativa llega tan sólo unas semanas después de que un amplio consenso se impusiera en el Congreso para eliminar el término ‘disminuido’ del artículo 49 de la Constitución.

“Proponemos hacer lo mismo en la Comunidad de Madrid”, ha señalado el también secretario general de los socialistas madrileños, que aspira a lograr el acuerdo de todas las fuerzas políticas para sustituir la palabra ‘minusválidos’ por ‘personas con discapacidad’.

PP, Más Madrid y Vox ya le han trasladado, directa e indirectamente, que están de acuerdo con lograr esta modificación. Ahora bien, hay partidos que ya están planteando aprovechar el proceso de reforma para actuar sobre otros aspectos. Y en este punto es donde han empezado a aparecer las primeras discrepancias.

El PP, por ejemplo, apuesta por ejecutar el cambio de denominación oficial de la Asamblea por ‘Parlamento de la Comunidad de Madrid’, una idea que hace tiempo que Isabel Díaz Ayuso puso sobre la mesa; por introducir la figura del decreto ley en la normativa regional y por retomar tanto la reducción del número de diputados de la Asamblea como el cambio de fórmula por la que se fija la cifra de escaños a elegir en cada cita electoral y que hasta el año pasado había hecho crecer el hemiciclo hasta llegar a convertirlo en el mayor legislativo de España.

“No se trata de abrir el Estatuto en canal, pero sí de ordenar algunas cuestiones”, ha valorado Carlos Díaz-Pache, portavoz de los ‘populares’, tras la Junta de Portavoces de este lunes. Como el PP, Vox también apuesta por una reducción del número de diputados autonómicos. “Ya que se abre el melón de la modificación del Estatuto, que se aborde también la reducción de diputados de la Asamblea”, ha aseverado Rocío Monasterio. En concreto, la portavoz ha apostado por dejar en la Asamblea la mitad de los escaños que tiene actualmente (135) con el principal objetivo de obtener un ahorro “en gasto político”.

Estando de acuerdo en el fondo de la cuestión, los ‘populares’ rehúyen de ejecutar una disminución drástica. “No sería una reducción muy significativa porque el trabajo de los grupos hay que dignificarlo”, ha destacado Díaz-Pache, que ha explicado que reducir demasiado el total de diputados complicaría sobremanera el trabajo de los grupos más pequeños en las comisiones, porque un mismo parlamentario debería abordar demasiadas áreas -esta legislatura hay 19 comisiones diferentes-.

“Estamos de acuerdo en establecer un número máximo de diputados y que ese límite puede estar en una cifra inferior a la actual, pero no vamos a estar en la demagogia de que los diputados no trabajan”, ha asegurado por su parte el socialista Juan Lobato. En el pasado, PP y Vox ya trataron esta cuestión pero nunca hubo una cifra clara. Se habló de 91 diputados, pero como las conversaciones no avanzaron demasiado no se trabajó oficialmente con número alguno.

Más Madrid es el grupo que de ninguna manera se muestra a favor de estos planes. “No entendemos esta propuesta”, ha confesado Manuela Bergerot, “el número de diputados viene vinculado a la población madrileña, que es la que es”, ha añadido la portavoz. El grupo progresista, además, ha llamado la atención sobre actualizar otros aspectos del Estatuto si finalmente se llevara a cabo una reforma, como podría ser el blindaje de los derechos relacionados con la igualdad, la diversidad o la transición ecológica y avanzar en el desarrollo de políticas públicas. “Si se modifica el Estatuto debe ser para ponerlo a la altura del siglo XXI”, ha subrayado Bergerot.