El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha llegado a un inusual acuerdo por unanimidad para rechazar las comisiones parlamentarias de investigación para detectar supuestos casos de ‘lawfare’ y aclarar que jueces y magistrados no tienen la obligación de comparecer en las mismas si son llamados.

Además, según el texto aprobado, al que ha tenido acceso Europa Press, los 16 vocales que conforman actualmente el CGPJ han recordado que “cada poder ha de circunscribir su actuación a su ámbito respectivo”.

Así, han instado a Congreso y Senado a abstenerse de citar a jueces y magistrados y, en caso de que no cumplan, han indicado a los togados que sean llamados que lo comuniquen al CGPJ, que les denegará el permiso para acudir.

Desde el Pleno del órgano de gobierno de los jueces han manifestado su “absoluto respeto” a la autonomía de las Cortes para que creen cuantas comisiones de investigación estimen conveniente, pero han afeado que “destacados portavoces de los grupos parlamentarios” hayan instado a que en estas se recabe la comparecencia de jueces y magistrados.

LAS COMISIONES NO PUEDEN CITAR JUECES

El CGPJ ha recordado que uno de sus deberes como órgano constitucional es el de “garantizar en todo momento y bajo cualquier circunstancia la independencia judicial”. Y ha avisado de que dichas comisiones parlamentarias “carecen de atribuciones para llamar a declarar ante ellas e investigar a jueces y magistrados sobre asuntos que estos conozcan o hayan conocido en su labor de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”.

En este sentido, ha explicado que los jueces y magistrados están “plenamente sometidos a la Constitución y a las leyes y sujetos a responsabilidad disciplinaria y penal cuando incurran en los supuestos tipificados como infracciones o delitos, respectivamente”.

Según ha precisado, las infracciones corresponden “en exclusiva” al CGPJ y los delitos a los órganos judiciales. “Unas condiciones que, obviamente, no reúnen los miembros de las comisiones parlamentarias de investigación, pues al fin y al cabo, su función representativa se desenvuelve en el plano estrictamente político y está orientada y limitada, en lo que aquí importa, a la exigencia de responsabilidades” a los jueces.

Por último, el CGPJ ha aprovechado su pronunciamiento para hacer un llamamiento a que “se proceda cuanto antes a la renovación de este Consejo y se ponga fin a la anomalía constitucional”, que “ha rebasado con creces el límite de lo tolerable”.

El Pleno se ha pronunciado así después de haber debatido sobre la legalidad de dichas comisiones a petición de los vocales conservadores, los cuales consideraban necesario que el órgano adoptase un “rotundo posicionamiento” contra el “acoso” a jueces y magistrados.

BOLAÑOS COINCIDE

Ya el pasado martes, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aclaró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que los jueces “no tienen obligación de asistir a comisiones de investigación” parlamentarias.

Estos movimientos tienen lugar después de que el Congreso de los Diputados acordara la semana pasada crear tres comisiones de investigación para indagar en la denominada ‘Operación Cataluña’, los atentados islamistas que tuvieron lugar en Barcelona y Cambrils (Tarragona) en agosto de 2017 y el espionaje a los independentistas con el programa ‘Pegasus’.

El CGPJ ya ha expresado hasta dos veces su “frontal oposición” a estas comisiones parlamentarias, avisando de que actuará por “los cauces legalmente establecidos” si es necesario.

El origen de las mismas parte del acuerdo alcanzado por el PSOE y Junts para investir presidente del Gobierno a Pedro Sánchez donde se habla de crear comisiones de investigación cuyas conclusiones “se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto ‘lawfare’ o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad”.