El consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, ha celebrado “con reservas” la decisión del Gobierno de España de aplazar un año la reforma de la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EvAU), al tiempo que ha defendido que ésta se haga de manera “sosegada” y con “consenso”.

Después de que el Ministerio de Educación y Formación Profesional haya trasladado este jueves su decisión a las comunidades autónomas, con las que se ha reunido de forma telemática, Viciana ha celebrado la decisión del Ejecutivo de no impulsar el proyecto de real decreto que regula la nueva prueba, pero ha advertido de que se trata de una celebración “con reservas”.

“Reservas en cuanto a las formas, porque la convocatoria de la reunión se hizo de manera atropellada, sin incluir en el orden del día en absoluto ninguna mención a la EvAU, amparándose en cuestiones técnicas”, ha explicado el consejero, quien ha expresado también sus “reservas” en cuanto al contenido, pues cree que la que se hace “es una propuesta indefinida”.

Asimismo, ha defendido que la reflexión sobre la EvAU requiere ser “mucho más sosegada” y “desde luego contar con el consenso de todas las comunidades autónomas” y de todas los agentes implicados.

Aunque el Departamento que dirige Pilar Alegría dejó “completamente terminada” la tramitación del real decreto de la nueva prueba de acceso a la Universidad, el Gobierno, al estar en funciones, no puede aprobar la reforma en Consejo de Ministros, según han explicado las mismas fuentes.

Reunión con las CCAA

Para informar del aplazamiento de la nueva EvAU, el secretario de Estado de Educación, José Manuel Bar, se ha reunido con representantes de las comunidades autónomas por videoconferencia.

De este modo, el Ejecutivo ha decidido mantener la actual prueba de acceso a la Universidad y aplazar un año el comienzo del periodo transitorio del nuevo examen, que estaba previsto que comenzará en 2024 para estar definitivamente implantado en 2028.

El Ministerio de Educación ha precisado que esta decisión se debe a que la aprobación de la norma “excedería las competencias de un Gobierno en funciones, generando confrontación con las administraciones autonómicas”. Además, añade, atiende a la petición de un año de moratoria por parte de las instancias universitarias y “rebaja la incertidumbre de docentes, alumnos y familias”.

Por lo tanto, la próxima prueba de acceso a la Universidad seguirá el mismo modelo que la del curso anterior, cuyo real decreto establecía que cada una de las pruebas contiene preguntas abiertas y semiabiertas que requerirán del alumnado capacidad de pensamiento crítico, reflexión y madurez.