Ayer, en el Pleno Extraordinario y Urgente del Ayuntamiento de Pozuelo, asistimos a un especulo bochornoso. Se cumplía nuestro vaticinio de hace unos meses:

“Tengo la seguridad de que el próximo alcalde, si es del PP, no levantará alfombras ni exigirá cuentas ni siquiera hará una auditoría política. Lo tapará todo para no perjudicar el partido, ya se sabe”.

Y así ha sido. Lo único que ha hecho la actual alcaldesa Paloma Tejero sobre las barbaridades y caprichos de la ex alcaldesa Susana Pérez Quislant ha sido echar una capa de alquitrán (que tanto le gustaba a ELLA) con billetes de los ahorros de los pozueleros para que aquella Olvidable se vaya, definitivamente, de rositas y que, incluso, se siente oronda en la Mesa de la Asamblea de Madrid aparentando o, mejor, tratando de tapar su indigencia cultural y política. Como si fuese alguien la muy cateta…

Y a Pozuelo de Alarcón que le den. Y los contribuyentes que se jodan. Porque su herencia sigue ahí y ya (solo en 2023) nos ha costado 15 millones de euros (5+10).

Y, ante esta pérdida de patrimonio comunal, los vecinos de Pozuelo no podemos quedarnos como las vacas ven pasar al tren… Debemos exigir responsabilidades.

Pero ¿cómo hacerlo?

Esta pregunta la hemos hecho muchas veces en El Correo de Pozuelo.

Y no solo debemos exigir responsabilidades a Quislant sino a todo su equipo, especialmente a los miembros de la Junta de Gobierno Local (de los conocidos popularmente como El Tenazas, El Ausente, El Calambres, La Rizos y El Gordito de NNGG, porque no merecen ningún respeto político), aunque todos concejales del Grupo Municipal Popular tienen responsabilidades por aprobar sus barbaridades presupuestarias en el Pleno.

Unas irresponsabilidades políticas que han sido muchas desde la subida encubierta de impuestos pasando por la mentira de sus inversiones o la venta temeraria de Patrimonio de los vecinos para terminar en el destrozo de la Administración municipal.

Sus irresponsabilidades penales tampoco han sido pocas desde los presuntos delitos medioambientales como el destrozo del Parque Forestal Adolfo Suárez o el abandono del Bosque de Montegancedo o los parches que han puesto en la depuradora de Húmera. Y ya veremos en qué terminan.

Y no hablo por hablar.

Ya contamos en su día que, tras consultar con algún especialista, nos remitió a La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL) establece en su art. 78:

“1. Los miembros de las Corporaciones locales están sujetos a responsabilidad civil y penal por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de su cargo.

Las responsabilidades se exigirán ante los Tribunales de Justicia competentes y se tramitarán por el procedimiento ordinario aplicable.

2. Son responsables de los acuerdos de las Corporaciones locales los miembros de las mismas que los hubiesen votado favorablemente.

3. Las Corporaciones locales podrán exigir la responsabilidad de sus miembros cuando por dolo o culpa grave, hayan causado daños y perjuicios a la Corporación o a terceros, si éstos hubiesen sido indemnizados por aquélla”.

También es cierto que estas responsabilidades políticas y penales, al menos, a la ex alcaldesa Susana Pérez Quislant le resbalaban…

Sabía y sabe que el PP no la denunciaría por miedo a sufrir también el castigo del escándalo político y nada menos que en el Gran Pozuelo de Alarcón. Aunque, recuerdo, a ELLA eso de los tribunales le asustaban mucho hace años aunque después del presunto enjuague que se llevó a cabo con la denuncia de los problemas de la depuradora de Húmera, se sintió tranquila en el tema penal.

A Quislant, en cambio, si le preocupa tener que asumir su responsabilidad patrimonial individual… Y es que esa responsabilidad patrimonial, como su nombre indica, hay que asumirla de manera individual…

Y es ahí donde le duele a esta señora… A ELLA y a todos los concejales que formaban la JGL lo que les preocupa de verdad es su dinero.

Y esa acción de exigencia de responsabilidades la puede ejercer cualquier ciudadano privado o cualquier asociación que se sienta perjudicado por las acciones de la alcaldesa o sus concejales. Y sin necesidad de acudir a los tribunales…

Se ha lesionado a los vecinos y contribuyentes y, por lo tanto, se puede exigir “responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas aunque requiera la instrucción de un procedimiento que se substanciará, como indica el artículo 36, apartado 4, de conformidad con lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”.

Si alguien quiere ampliar esta petición de responsabilidad, les remito a este articulo sobre «La gestión de riesgos extraordinarios y la responsabilidad de los cargos públicos»

Termino… ¿Alguien sabe si este escándalo se puede denunciar en el Ministerio de Hacienda? ¿O en el Tribunal de Cuentas? ¿O en el Juzgado de lo penal? ¿O en la Comunidad de Madrid?

El Correo de Pozuelo apoyará dicha denuncia.

Juan Manuel Sánchez