El Gobierno catalán expropiará entre 50 y 70 viviendas vacías en 14 municipios declarados como área de fuerte demanda de vivienda para dedicarlos a alquiler social, según ha explicado el consejero de Territorio de la Generalidad, Juli Fernández, en la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo, junto a la portavoz, Patrícia Plaja.

En una primera fase, se actuará en estos 14 municipios: Cornellà de Llobregat, Mataró, Mollet del Vallès, Rubí, Vic, Viladecans, Vilanova y la Geltrú (Barcelona), Figueres, Lloret de Mar, Salt (Girona), Reus, Roda de Berà, Tarragona y Valls (Tarragona).

Fernández ha explicado que esta medida se impulsará en base a la Ley 1/2022 de la Generalidad: «El Gobierno usa todas las herramientas a su alcance para dar respuesta a las familias en situación de vulnerabilidad y que no tienen respuestas. El objetivo es que viva gente en los pisos vacíos», ha argumentado.

La voluntad del Gobierno catalán es movilizar viviendas que están vacías y con este decreto prevé que, por un lado, los propietarios pongan los pisos en el mercado de alquiler social y, por el otro, que más municipios firmen convenios con la Generalidad para ampliar el número de pisos en este mercado.

En total, el Gobierno ha detectado 189 viviendas que cumplen los requisitos previstos, y aunque la mayoría son de grandes tenedores, también puede afectar a personas físicas si la vivienda está inscrita en el registro de viviendas vacías de Cataluña o cumple los requisitos para estarlo.

La Generalidad destinará cinco millones de euros a la expropiación –se llegue o no a un acuerdo con la propiedad–, que se pueden ampliar en el futuro si se alcanzan acuerdos con nuevos municipios.

El gasto irá a cargo del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl), mientras que el alquiler lo gestionará la Agencia de la Vivienda de Cataluña.

Procedimiento

El decreto permite a la Generalidad iniciar el proceso de expropiación de viviendas vacías por incumplimiento de la función social de la vivienda.

La posible expropiación se basa en inspecciones recientes que ha permitido acreditar que hay viviendas vacías de más de dos años sin causa justificada –lo que no tiene en cuenta las okupaciones ilegales–.

Una vez enviado el requerimiento, la propiedad tendrá un periodo de un mes para acreditar que la vivienda está ocupada o en proceso de ocupación y si no lo puede hacer, se abrirá un plazo de tres meses para alcanzar un acuerdo de compraventa con la Generalidad.

Si pasado este tiempo no hay acuerdo, la norma prevé que se pueda expropiar por procedimiento de urgencia, lo que permite obtener la propiedad de la vivienda sin tener que alcanzar antes un acuerdo en el precio.

Es la primera vez que la Generalidad usa la expropiación como instrumento para aumentar el parque de vivienda de alquiler social, y el Gobierno catalán no descarta que los diferentes procedimientos acarreen litigios.