El Gobierno de Díaz Ayuso vuelve a la carga en su batalla judicial contra Pedro Sánchez. Ha recurrido ante el Tribunal Supremo el Real Decreto de Bachillerato aprobado por el Gobierno central, que desarrolla la ley de educación socialista (Lomloe). Y lo ha hecho por dos motivos: “los conocimientos básicos son insuficientes y está cargada de ideología”, ha explicado el vicepresidente del Gobierno madrileño y consejero de Educación, Enrique Ossorio, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

En julio pasado, ya se anunció que se iba a interponer el recurso contencioso-administrativo en el Supremo y se formalizó la intención de impugnar el decreto, pero no ha sido hasta este lunes cuando se ha concretado la demanda. Con este con ya al menos una docena los recursos presentados en los tribunales contra regulaciones abordadas por el Gobierno central en distintos ámbitos.

Ossorio ha recordado que muchos de los términos que forman parte del contenido del currículo de Bachillerato “nada tienen que ver con la asignatura y, sin embargo se repiten de una manera machacona, como el término sostenibilidad (130 veces) o el de perspectiva de género (54 veces). “No parece prudente vincular, por ejemplo, la validez matemática con el consumo responsable, ni exigirles a los docentes de las distintas especialidades que deban enfrentarse a ello sin tener los conocimientos requeridos. La reiteración constante sin importar una mínima coherencia termina por banalizarlos”, expone el escrito presentado ante el Alto Tribunal.

Incluso ha puntualizado que el Consejo Escolar de Estado, cuando informó sobre el decreto ya avisó de que “sería aconsejable realizar una revisión del proyecto con el fin de analizar estos elementos del currículo desde el punto de vista de su carácter básico así como reiteraciones innecesarias”.

La Comunidad de Madrid considera, además que el currículo infringe algunos artículos de la Constitución como el artículo 1 (pluralismo político); 16.1 (libertad de pensamiento y conciencia); 16.2 (libertad declarativa); 20.1.c (libertad de cátedra); 27.1 (derecho a la educación y libertad de enseñanza); 27.2 (ideario educativo constitucional); 27.3 (derecho de los padres a elegir el tipo de educación de sus hijos); y 27.5 (programación general de la enseñanza). Todo ello supone “una intromisión del Estado más allá de lo legalmente permitido”.

Ossorio ha hecho hincapié en el hecho de que esa “reducción de saberes” también va en contra de la propia ley de Educación que “dice que los alumnos tienen que aprender los conocimientos necesarios”. De hecho, el vicepresidente madrileño ha detallado que en la materia de Biología, Geología y Ciencias Ambientales, “se observa una carencia de los conocimientos mínimos de un 50% de esos saberes básicos”.

El recurso de la Comunidad de Madrid también incluye las observaciones que hicieron en su día la Real Sociedad Española de Física, que presentó 15 aportaciones con un argumento similar y el Ministerio de Educación solo aceptó dos parcialmente, o las de la Real Academia de la Historia, que dijo que había un “exceso de presentismo” y se privaba a los estudiantes de una “visión diacrónica” de la historia. Presentó 23 alegaciones, pero solo se aceptó una.

El decreto afecta a más de 100.000 alumnos estudian Bachillerato en los centros educativos de la Comunidad de Madrid.