Ayuso acusa a Sánchez de «violación del estado de derecho» tras suprimir el delito de sedición «con nocturnidad» y anuncia recurrirá al TC el nuevo y mal llamado impuesto de solidaridad
La votación de la eliminación del delito de sedición en la noche del jueves, en el Congreso de los Diputados, ha encrespado a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que ha señalado que «esta madrugada se ha cometido una violación del Estado de Derecho», y ha concluido que «Pedro Sánchez no puede caer en más indignidad».
En la misma sesión se aprobó también el nuevo impuesto de solidaridad, que según la presidenta supone una recuperación del de Patrimonio, que el Gobierno de Madrid llevará a los tribunales en cuanto entre en vigor: «No vamos a tolerar que Sánchez y sus socios retuerzan en el ordenamiento jurídico para arruinar a Madrid».
Díaz Ayuso ha manifestado su «preocupación por lo ocurrido ayer en el Congreso de los Diputados», dado que a su juicio «se ha cometido una violación del Estado de derecho y se ha aprobado eliminar el delito de sedición, con nocturnidad, a través de una enmienda, para librar de la cárcel a los golpistas que sostienen al Gobierno de Sánchez».
Señala la presidenta madrileña que de este modo «se traiciona a la Constitución», y aprovechó para criticar también otras medidas recientemente adoptadas por el Gobierno central: «Salen de la cárcel violadores por otro error del Gobierno, y Otegi ha declarado que los que quieren irse de España son los que sostienen al Gobierno y, como es verdad, Sánchez no puede caer en más indignidad«.
Por lo que se refiere al nuevo impuesto de solidaridad, que según Ayuso es la reinvención del de Patrimonio -bonificado en la Comunidad de Madrid, en aplicación de sus competencias regionales sobre este tributo-, se teme Díaz Ayuso que «el Gobierno de Sánchez y sus socios han cumplido su amenaza y han aprobado el impuesto nuevo de patrimonio, que significa un castigo al ahorro y a la inversión y que va a perjudicar gravemente a la economía de Madrid«.
Las consecuencias de esta medida es que «con esta decisión va a haber menos empresas, menos crecimiento y más paro. Empresas e inversores no van a querer ahora a venir a Madrid por la irresponsabilidad del Gobierno de Sánchez con un impuesto que no necesitaban y que solamente castiga a la inversión».