La ley que regula el funcionamiento de Radiotelevisión Española determina que el presidente de la corporación es la única persona de este medio de comunicación con poder ejecutivo. Sólo ese consejero tiene esa facultad y, por tanto, sólo él puede firmar los nombramientos y las destituciones. Acceder a ese puesto no es sencillo. Se requiere el apoyo de 2/3 partes de los diputados del Congreso.

La norma precisa que, si el presidente dimite, el ‘ejecutivo’ de RTVE queda vacante. En 2011, cuando renunció Alberto Oliart, tras la polémica que suscitó el que adjudicara un contrato técnico a una empresa administrada por su hijo, la corporación encargó un informe a la Abogacía del Estado para que se pronunciara sobre quién asumía el mando de la televisión pública hasta la elección de su sustituto.

El documento es claro: nadie podía. Ni el presidente en funciones, ni ningún directivo ni ningún órgano de administración provisional.

Conviene tener en cuenta los precedentes para comprender el presente.

El Consejo de Ministros aprobaba este martes un Real Decreto que pretende otorgar funciones de ‘ordeno y mando’ a la presidenta provisional, Elena Sánchez. La fórmula es distinta a la que se planteó a los consejeros hace ocho días, cuando se les sugirió la posibilidad de que un órgano mancomunado conformado por el secretario general de RTVE, la directora general corporativa y Elena Sánchez asumiera las funciones de José Manuel Pérez Tornero, que recientemente cesó en sus funciones.

Un “auténtico escándalo”

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, ha definido como un “auténtico escándalo” el Real Decreto presentado este martes. Desde el Gobierno, explicaban a Efe que esta fórmula es necesaria para que RTVE no se vea “con las manos atadas” hasta que el Parlamento consensue al sustituto de Pérez Tornero.

Dos de los nueve vocales del órgano de gobierno la corporación conversaban este martes con este periódico y ponían el foco sobre un hecho que consideran preocupante, y es que el ‘decretazo’ del Ejecutivo situará al mismo nivel una decisión del poder legislativo -el nombramiento de un presidente por mayoría cualificada- a la de un órgano colegiado, como es el Consejo de RTVE, que fue el que eligió a Elena Sánchez con el voto favorable de 5 de sus miembros.

Esto, a su juicio, es un ataque al Estado de derecho y deja a los actuales vocales con la duda de que si las decisiones que tomen hasta ahora implicarán un fraude de ley, ante la situación irregular en la que -consideran- quedará el Consejo.

En este sentido, recordaban que el nombramiento de Rosa María Mateo como administradora única provisional, en 2018, fue ‘tumbado’ por el Tribunal Constitucional, dado que consideró que el Gobierno no justificó las razones de “urgencia” que le llevaron a aprobar el Real Decreto que posibilitó el ‘volantazo’ de RTVE.

Pero es que aún hay más. El Constitucional también se opuso a la ley que aprobó el Partido Popular en 2014 para poder nombrar a Leopoldo González-Echenique por mayoría absoluta, en lugar de cualificada. En ambos casos, el tribunal falló unos años después, cuando los administradores ya habían cesado de sus funciones.

Una presidenta de RTVE favorable para el PSOE

Como contó este periódico, Elena Sánchez no es ajena al PSOE. Fue la candidata por la que apostó Carmen Calvo en 2021, cuando hubo que elegir al sustituto de Rosa María Mateo.

Su marido, Pedro Pablo Mansilla, fue director general de Instituciones Penitenciarias con José Luis Rodríguez Zapatero en Moncloa. De hecho, ambos mantienen una conocida amistad.

La modificación de los Estatutos Sociales de RTVE que promoverá el Gobierno -a través del nuevo Real Decreto- la dotará de poder ejecutivo y, por tanto, la situará como la cabeza visible de la corporación hasta que los partidos pacten su sustituto. No parece que esta posibilidad sea cercana, ante la distancia que separa actualmente a los bloques PSOE-Podemos y PP-Vox, que nada parece indicar que se reduzca en el 2023 multi-electoral.

Hay que recordar que Elena Sánchez quedó en la posición número 59 de entre los 100 candidatos que concursaron en 2018, 2019 y 2020 por un puesto en el Consejo de Administración de la corporación. El Comité de Expertos que se encargó de evaluar su proyecto de gestión apuntó, en su dictamen, que estaba “copiado de la Wikipedia”.

(Gentileza de Vozpópuli-Rubén Arranz)