Cataluña se suma a Madrid, País Vasco, Murcia, Castilla y León, Andalucía y Galicia en la ‘rebelión’ autonómica contra el plan de ahorro energético del Gobierno de Pedro Sánchez. El secretario de Empresa y Competitividad de la Generalidad catalana, Albert Castellanos, ha asegurado que existen imprecisiones en el decreto ley del plan de ahorro energético que generan «inseguridad jurídica» para los sectores afectados por las mismas.

Castellanos ha realizado estas declaraciones antes de celebrarse la Conferencia Sectorial de Energía en la que el Gobierno analizará junto a los máximos responsables autonómicos en las áreas de Energía, Turismo y Comercio los detalles del real decreto-ley de medidas de sostenibilidad, ahorro y eficiencia energética aprobado el lunes pasado en Consejo de Ministros.

Castellanos ha remarcado que la Generalidad catalana comparte los objetivos del Gobierno central contra la emergencia climática, pero no les «convence la forma en la que se ha aprobado el real decreto», porque ha tenido según él muy poco consenso y diálogo. «No queda claro en el redactado qué medios hay para garantizar el cumplimiento, cuál es el régimen sancionador», ha defendido Castellanos, así como tampoco lo está a sus ojos el papel que tiene que adquirir la Generalitat en la aplicación de las medidas.

También ha defendido la necesidad de que el Gobierno destine recursos adicionales para su cumplimiento, porque lo que está haciendo es «gobernar a golpe de BOE, fijar muy rápido las obligaciones y no poner al lado las facilidades o los recursos para implementarlos de forma inmediata».