El Gobierno, y muy particularmente Pedro Sánchez, ha coronado un nuevo capítulo de su asalto a la Justicia con una inaceptable reforma legal exprés que, en síntesis, le permitirá nombrar a dos magistrados del Tribunal Constitucional sin haber renovado primero el Consejo General del Poder Judicial.

La primera pregunta que hay que hacerse, y repetirla hasta la saciedad, es para qué quiere controlar a toda costa el Alto Tribunal que garantiza el encaje constitucional de todas las decisiones que adopten los poderes ejecutivo y legislativo. Y la respuesta, con los precedentes conocidos de sumisión al separatismo, de leyes sectarias y de acoso a las instituciones, es inquietante.

Porque si Sánchez prefiere pactar con ERC que con el PP, nada bueno puede esperarse de esta invasión del Constitucional por la puerta de atrás, con el mismo espíritu predemocrático ya presente en la designación de su propia ministra de Justicia como Fiscal General o con el asalto a la Abogacía del Estado.

El afán de adaptar la ley a sus intereses, en este ámbito, confirma las peores sospechas y obliga a activar todas las alarmas nacionales y europeas: primero intentó cambiar las reglas de renovación del CGPJ para nombrar a sus vocales con la mayoría del PSOE y de Podemos, al margen del procedimiento constitucional que obliga siempre a un gran pacto transversal de los dos grandes partidos.

Después impulsó una «ley exprés» para paralizar la actividad del Consejo hasta que no se rindiera a sus pretensiones y ahora, con el mismo desparpajo, promulga otra en el sentido contrario para renovar unilateralmente el Constitucional.

Todo ello lo hace, además, denigrando una propuesta de Feijóo para despolitizar de verdad la Justicia, acabar con sus puertas giratorias y perfeccionar la separación de poderes, un pilar básico del Estado de Derecho.

Y lo hace, además, con las advertencias de la Unión Europea, que vincula incluso la concesión de los Fondos Next Generation al respeto a la independencia judicial en los Estados miembros. O con la oposición directa de la práctica totalidad de asociaciones de magistrados o fiscales y de los Colegios de Abogados de toda España.

Estamos asistiendo en directo a un pulso del Gobierno contra la propia democracia, que se debilita hasta extremos peligrosos cuando deja de tener de contrapoderes autónomos e independientes y los transforma todos en una sucursal de La Moncloa.

Que Sánchez lleve intentándolo desde 2018, y que de hecho lo haya logrado parcialmente en no pocas ocasiones, demuestra que su determinación no admite ni un paso atrás y coronará, si le dejan, el mismo proyecto invasor ya culminado en otras instituciones del Estado tan relevantes como el CNI o el CIS, entre tantos otros.

Nadie ha tenido, en tan poco tiempo, tantas resoluciones en contra de instituciones como el Consejo de Transparencia, la Audiencia Nacional o el propio Constitucional. Y nadie ha respondido a todo ello con indiferencia o, peor aún, sometimiento de quienes enmiendan sus excesos.

Con ese panorama, la oposición no solo tiene la imperiosa obligación de detener a Sánchez hasta que no acepte las reglas del juego, paralizando la renovación del Poder Judicial el tiempo que haga falta. También ha de movilizarse en Europa para recibir su amparo claro, sin ambages y vinculante. Solo los regímenes tiránicos permiten a un presidente subordinar la Justicia a su antojo.

(Gentileza El Debate)