El Congreso prepara un final de periodo de sesiones muy intenso. Además del debate sobre el Estado de la Nación, previsto en la semana del 11 de julio, se votará el cambio legislativo para “tomar” el Constitucional, la convalidación del Real Decreto anticrisis hasta diciembre y la Ley de Memoria.

Ésta última saldrá adelante con el apoyo de Bildu tras aceptar una enmienda transacional que pide designar, en el plazo de un año, “una comisión técnica” que elabore “un estudio sobre los supuestos de vulneración de Derechos Humanos a personas por su lucha, por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983”.

La intención de la formación proetarra es reabrir los casos de Lasa y Zabala, asesinados en octubre de 1983, y Segundo Marey, diciembre de 1983. En los tres casos, el presidente del Gobierno ya era Felipe González y su ministro del Interior, José Barrionuevo.

También se quiere investigar el llamado Caso Almería, en el que tres jóvenes fueron asesinados tras ser confundidos con terroristas de ETA en Roquetas de Mar.

El partido de Otegi, junto al apoyo de Más País, el PSOE y Unidas Podemos, han apoyado que se “señalen posibles vías de reconocimiento y reparación de las víctimas”, según la enmienda transacional registrada en la Comisión.

El portavoz del PSOE Héctor Gómez ha confirmado el acuerdo aunque ha evitado entrar en detalles. “Se trata de restablecer que se repitan situaciones como las vividas. Avanzar y profundizar de manera rigurosa y pormenorizada”, ha afirmado en el Congreso aunque sin entrar en las responsabilidades de su partido durante estos años.

Hace unos meses, la posible investigación de “crímenes del franquismo”, una vez que Franco ya había muerto, generó una agria polémica y el PSOE aplazó la ley, pese a que el ministro de Presidencia Félix Bolaños aseguró que la “inercia de la dictadura llegó hasta 1982”.

En ese momento, los socialistas crearon un perímetro que finalizaba con la llegada de Felipe González a La Moncloa pero ahora, con la nueva enmienda, su presidencia también será investigada.

Queda por ver si ERC, que hasta este momento estaba en contra de la Ley de Memoria, se mantiene en el voto negativo. Los socialistas también han pactado con Bildu que el Fuerte de San Cristóbal en Pamplona se convierta “en un lugar de memoria”.

Es una petición similar a la de los separatistas catalanes que quieren que la Comisaría de Vía Laietana se transforme en un espacio para recordar a los “torturados” en el franquismo.

(Gentileza Libertad Digital)