El Gobierno separatista catalán ha aprobado este lunes un decreto ley que fija explícitamente la «inaplicación» de porcentajes en el uso de lenguas en la enseñanza como respuesta a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a impartir un 25% de clases en español.

Lo ha anunciado la portavoz del Gobierno catalán Patricia Plaja en rueda de prensa después de que el Ejecutivo catalán se haya reunido de forma extraordinaria para aprobar este decreto el día antes de que finalice el plazo del TSJC para aplicar la sentencia.

El decreto también atribuye a la Consejería de Educación la potestad de validar y asumir «la responsabilidad sobre la legalidad» de los proyectos lingüísticos de los centros educativos para proteger a las escuelas y a los docentes.

Así, una vez aprobado en el Consejo Ejecutivo extraordinario el decreto ley será plenamente válido cuando lo publique el Diario Oficial de la Generalidad catalana (Dogc) como muy tarde la medianoche de este lunes.

Plaja ha aseverado que este decreto permite salir del «callejón sin salida» que considera que supone la sentencia del 25% de español, y al ser preguntada por si cree que deja sin efecto esta sentencia ha contestado que esta nueva norma da respuesta a esta decisión judicial y protege el modelo de escuela catalana. «Habrá que ver si esta judicialización no tiene fin y esto va a otras instancias», ha añadido.

La portavoz ha argumentado que con este decreto ahora hay un nuevo marco normativo que «fija cuáles son los criterios y los límites de la escuela catalana», y ha considerado que se garantizará que «las decisiones judiciales no afecten al funcionamiento de la enseñanza» en Cataluña.