La Fiscalía Anticorrupción ha acordado archivar las diligencias preprocesales abiertas en el año 2018 sobre las comisiones de hasta 80 millones de euros presuntamente irregulares cobradas por la construcción del AVE a La Meca.

Anticorrupción no ha podido acreditar la comisión de un delito de corrupción en las transacciones internacionales.

La Fiscalía recuerda que durante los últimos cuatro años ha investigado si se produjo «el pago de comisiones por parte de empresas españolas por el contrato de construcción de alta velocidad que unía las ciudades de Medina y La Meca, en Arabia Saudí, por importe de 80 millones de euros».

«La Fase II de dicho proyecto fue adjudicada a Shoula Group, compuesto por 12 empresas españolas y dos saudíes», apuntaba.

Anticorrupción ha dado así por finalizada la investigación que no se encontraba judicializada, sino en una fase anterior que podía concluir en archivo o en pase a disposición de lo investigado a un juez.

Anticorrupción abrió estas diligencias en diciembre de 2018 para intentar aclarar el destino de 80 millones de euros que, según Corinna Larsen, se habrían repartido, entre otros el Rey emérito, por la adjudicación del AVE a La Meca a empresas españolas en 2011.

En la causa investigaban los contratos pero no a Juan Carlos I, ya que en el momento de los hechos gozaba de inviolabilidad.

Una vez más, la Justicia ha archivado una nueva causa relativa a las actividades del padre del Rey. Las anteriores estaban relacionadas con actividades ejecutadas durante su reinado, como el dinero en la isla de Jersey, las conocidas como tarjetas Royal Black y los regalos de un empresario amigo del Emérito.

En el pasado mes de marzo, la Fiscalía archivó otra causa relativa a este caso que apuntaba a que el monarca habría obtenido más de 60 millones de euros como contraprestación a la adjudicación del proyecto de construcción de la línea de ferrocarril de alta velocidad en Arabia Saudí.

Ya solo queda pendiente la causa abierta en Reino Unido tras la negativa de los magistrados británicos a aceptar la inmunidad del monarca, quienes juzgarán la demanda de acoso presentada por su amiga Corinna Larsen, al considerar que para los hechos presentados, la defensa de Juan Carlos I no puede aducir la inviolabilidad del monarca, ya que sus acciones «no pueden atraer inmunidad funcional».