El PSOE trata de deshacerse de la patata caliente que políticamente le supone tener a una diputada en la Asamblea de Madrid con una hija afectada por un presunto caso de estafa retirándole «todas las responsabilidades». A partir de ahora Carmen López no tendrá ninguna función parlamentaria, pero podrá conservar su escaño si no renuncia a él de forma voluntaria.

En el partido no le han pedido formalmente que se vaya aduciendo que es «un tema absolutamente personal», aunque reconocen que es «una de las posibilidades que ella tenía», sin que se le haya planteado «ni como instrucción ni como orden». Aun así, consideran que «en absoluto» tiene algo que ver sobre en el presunto desvío de más de dos millones de euros del sindicato UGT, donde su hija trabaja como administrativa y ella misma ha ocupado diversos cargos.

Éstos son los otros problemas judiciales a los que se enfrenta el PSOE de Madrid que dirige Juan Lobato:

ALCORCÓN

El Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid condenó el pasado mes de mayo a la actual alcaldesa de Alcorcón, la socialista Natalia de Andrés, a cinco años de inhabilitación para administrar bienes ajenos de titularidad pública o privada al considerarla responsable, subsidiariamente, de llevar a la insolvencia a la Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón (Emgiasa).

MÓSTOLES

Todo el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Móstoles está siendo investigado por haber condonado, supuestamente, una deuda de 2,45 millones a la empresa ITV Móstoles S. L. El Juzgado de Instrucción número 1 de la localidad amplió la investigación de la presunta trama dos semanas después de que fuera a declarar la alcaldesa, la socialista Noelia Posse.

Se les imputa un presunto daño patrimonial a las arcas municipales y se aduce que todo se hizo por «el mero capricho» de los miembros del Gobierno.

En esta misma causa también han sido condenados a 10 años de inhabilitación otros siete trabajadores y un ex regidor, informa Efe.

SAN MARTÍN DE LA VEGA

Tres concejales socialistas fueron detenidos en diciembre en una operación contra la corrupción urbanística -bautizada como Pantano- en el municipio madrileño de San Martín de Valdeiglesias, entre ellos la ex alcaldesa Mariluz Lastra.

Uno de los focos de la investigación está sobre la empresa Costa Madrid, un ente mixto público-privado que según la Fiscalía de Área de Móstoles no ha presentado sus cuentas anuales. Esta sociedad se creó con el objetivo de urbanizar la zona del pantano de San Juan.