El Grupo Popular en la Asamblea de Madrid ha ampliado la denuncia que presentó ante la Fiscalía Especial contra la corrupción y la criminalidad organizada sobre 12 contratos realizados por el Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia, por un importe de 326 millones.

El portavoz popular, Alfonso Serrano, ha presentado ayer mañana la documentación en la sede de este órgano judicial, que se refiere a uno de los contratos, el que afecta a la empresa vinculada al marido de la vicepresidenta Nadia Calviño. «Hay algo turbio en el entorno de Calviño y no vamos a cansarnos de denunciarlos con pruebas», afirma.

Serrano ha señalado que lo que se ha presentado esta mañana son las cuentas de la empresa vinculada al marido de la vicepresidenta Nadia Calviño, Páginas Amarillas Soluciones Digitales S.A.U, , «unas cuentas que reflejan la existencia de una pérdida patrimonial y la posible deuda con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.

Dos hechos muy importantes que inhabilitan a cualquier empresa para ser contratada por la Administración General del Estado».

Esta empresa, según la versión de los populares, «recibió contratos del ministro Escrivá por reputación on line y, al mismo tiempo, estas mismas circunstancias de pérdida patrimonial y deudas con la Seguridad Social inhabilitan para que una entidad sea acreditada como intermediario digital dentro del plan de Kit Digital que lidera la señora Calviño».

Igualmente han ampliado la información sobre dos créditos ICO que durante la primera ola recibió esta empresa de 350.000 y 500.000 euros. «Unos créditos que eran muy demandados, y lo que sorprende, a parte de la agilidad con la que fueron otorgados a la empresa de la señora Calviño, es que el órgano encargado para la correcta distribución de estos fondos, también era la propia Calviño», según Serrano.

El portavoz admite que «hemos llegado hasta dónde podemos llegar en función de nuestras responsabilidades a la hora de desenterrar quien está detrás de estas empresas.

La empresa de la que es directivo el marido de la señora Calviño está, a su vez, participada por otra empresa en un cien por cien, y ésta a su vez por otra empresa en un 30 por ciento por un fondo de inversión y en un 70 por una empresa de un fondo radicado en Luxemburgo y que, a día de hoy, y con la legislación actual es imposible saber quién está detrás»

Estas cuestiones, según Serrano, «pueden interesar a la Fiscalía para ahondar en los contratos que ya denunciamos», apuntando que «algunos pueden haber sido pagados con fondos europeos».

El portavoz popular se refirió con ironía a la decisión de la Fiscalía europea de investigar el contrato de la Comunidad de Madrid en el que intermedió el hermano de Isabel Díaz Ayuso, señalando que «desde que la señora Dolores Delgado designó a la señora Concepción Sabadell en la Fiscalía europea no hemos tenido conocimiento de ningún tipo de actividad de esta señora hasta que ha mostrado interés por el contrato más famoso para la izquierda española, y que la Fiscalía española ya ha adelantado que no ve delito de malversación. Desconocemos la actuación que llevará a cabo (con el contrato ampliado ayer mañana)».