El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, encabezado por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sigue investigando los contratos de emergencia del Gobierno de Pedro Sánchez para, en su caso, ampliar la denuncia que presentó el pasado jueves 10 de marzo ante la Fiscalía.

Según ha confirmado OKDIARIO, el grupo continúa analizando estos contratos de emergencia realizados durante la pandemia por el Ejecutivo socialista porque no descarta encontrar nuevas sospechas que le obliguen a ampliar esa primera denuncia que pone el foco sobre 7 sociedades vinculadas al entorno del presidente, así como del ex ministro de Sanidad Salvador Illa y de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, que en total habrían recibido más de 326 millones de euros.

Díaz Ayuso decidió presentar esa denuncia ante la Fiscalía después de que Podemos, Más Madrid y PSOE presentaran otra el pasado 18 de febrero para que se investigara el contrato de mascarillas vinculado con el hermano de la presidenta.

«¿Quieren saber la verdad?, pues vamos a investigar a todos», anunció la presidenta, después de que los tres grupos de la izquierda madrileña decidieran, el día después de que la Fiscalía Anticorrupción ya hubiera aceptado investigar el contrato relacionado con el hermano de Ayuso, ampliar la denuncia.

Una denuncia que, en el caso de Más Madrid, se basa en unos SMS de un número desconocido que había recibido cuatro meses antes y en unos recortes de prensa.

Por su parte, la denuncia del PP se dirige contra «todas aquellas autoridades, funcionarios y particulares que puedan aparecer como responsables de los hechos […] por la presunta comisión de posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios y malversación de caudales públicos».

OKDIARIO ha destapado en las últimas semanas algunas subvenciones polémicas del Gobierno de Pedro Sánchez, como el otorgar 701.741,22 euros en once ayudas públicas a Industrias Plásticas Playbol SL, la empresa que gestiona la fábrica de plásticos de los padres del presidente. Unas ayudas que fueron adjudicadas desde los Ministerios de Economía e Industria con el siguiente objeto: “Paliar los efectos del COVID-19”. Gran parte de ellas, otorgadas entre 2018 y 2021, fueron dadas durante el confinamiento que hubo al comienzo de la pandemia.

Además, tal y como adelantó este periódico, el marido de la ministra de Economía y vicepresidenta del Gobierno Nadia Calviño, Ignacio Manrique de Lara, es director de marketing de una consultora tecnológica que gestiona el cobro de un paquete de fondos europeos que reparte su esposa desde el Ejecutivo.

La compañía, denominada Beedigital, oferta ocho tarifas que venden “soluciones de digitalización”. Sus precios oscilan entre los 125 y los 6.000 euros. Cualquier pequeño y mediano empresario que opte a estas ayudas estatales de Calviño está obligado a contratar previamente una sociedad intermediaria como la de su marido.