La denuncia que la semana pasada el PP presentó contra Pedro Sánchez ante la Junta Electoral por dos actos «electoralistas» en plena campaña de las elecciones de Castilla y León no ha tenido ningún efecto disuasorio.

Todo lo contrario. El Gobierno ha utilizado este martes el Consejo de Ministros como munición electoral, de la misma forma que el miércoles pasado hizo con el Congreso, durante una sesión de control parlamentario al Gobierno que por momentos pareció un mitin.

El Consejo de Ministros ha aprobado precisamente hoy el PERTE agroalimentario, que contará con una inversión pública de 1.000 millones de euros hasta 2023 y generará un impacto en la economía de 3.000, según los cálculos del Ejecutivo.

No solo. También este martes, a seis días de que los castellanos y leoneses voten, el Gobierno de coalición ha aprobado una partida de tres millones de euros para mejorar las competencias digitales en el sector agroalimentario.

Se da la circunstancia de que la precampaña y la campaña en Castilla y León han girado en torno al campo y sus problemas, desde la polémica de la carne desatada por Alberto Garzón y en adelante.

Para presentar el PERTE ha comparecido el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en compañía de la portavoz. Y no ha escatimado en autoelogios a lo mucho que hace este Gobierno por el sector agroalimentario. Planas ha citado, además del PERTE, la negociación de la PAC, la ley de la cadena alimentaria aprobada en diciembre, actuaciones en el regadío y seguros agrarios.

Por su parte, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha hecho un guiño a la población de las zonas rurales: «El reto demográfico es una cuestión de justicia», ha afirmado.

En paralelo, La Moncloa ha colgado en sus redes sociales varios mensajes sobre las bondades del PERTE y lo que se conseguirá con él: «Mejorar la competitividad, sostenibilidad, trazabilidad y seguridad del sector», «fomentar el empleo de calidad» e «impulsar la vertebración del medio rural», entre otras.

El pasado martes, el PP denunció a Sánchez ante la Junta Electoral por un acto sobre pensiones en Alcalá de Henares y el anuncio, en Zamora, de que convertirá el Cuartel Monte la Reina en zona de interés de defensa nacional. Ambos organizados por la Secretaría de Estado de Comunicación y, por tanto, con dinero público. La Junta Electoral Provincial de Zamora rechazó la segunda de las denuncias días después porque consideró que no había infracción.

Un día después de aquello, el PSOE aprovechó la última sesión de control al Gobierno en el Congreso antes de las elecciones del 13-F para «un spot electoral serie B de pésima calidad», en palabras de la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra.

Habitualmente, los diputados del PSOE no preguntan a los ministros por pudor parlamentario. Pero ese día el partido sacó a cuatro de sus parlamentarios a escena, todos ellos de Castilla y León, para cargar contra la Junta de Alfonso Fernández Mañueco y glosar lo mucho que hace el Ejecutivo de Pedro Sánchez por los castellanos y leoneses.

A todo ello se une el barómetro que el CIS publicó este lunes, a la contra de todas las demás encuestas. Éste daba al socialista Luis Tudanca la victoria y opciones de gobernar, frente a una mayoría insuficiente de la suma del PP y Vox.