Pedro Sánchez presentó hace dos semanas su segundo Informe de rendición de cuentas del Gobierno de España con el balance de las promesas adquiridas por su Ejecutivo desde el comienzo de la legislatura en enero de 2020.

Una valoración que desde el punto de vista económico está lejos de la euforia transmitida por el Presidente de Gobierno y sus ministros ya que los avances en el Plan de Recuperación y Resiliencia -la hoja de ruta de las decisiones de Moncloa– son escasos y con un grado de cumplimiento real que está muy lejos de la cifra oficial.

Según el análisis realizado por THE OBJECTIVE de cada uno de los 1.481 compromisos contenidos en el documento, al menos una cuarta parte de los compromisos relacionados con este Plan de Recuperación que el informe da por cumplidos no se están ejecutando o están en una etapa inicial, lejos de conseguir el objetivo planteado por el propio Gobierno.

Pedro Sánchez informó con orgullo de que el 42,7% de los compromisos adquiridos desde el comienzo de la legislaturas se han cumplido, una cifra que baja hasta el 27,5% si solo consideramos los compromisos relacionados con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). El dato se reduce aún más, hasta el 14,8%, si solo se consideran los nuevos compromisos derivados exclusivamente del PRTR presentado a mediados del año pasado.

Estamos hablando de 87 compromisos cumplidos según Moncloa en todo el PRTR, pero de cuales 62 (42,2%) se han cubierto con objetivos ya existentes antes del plan, aunque vinculados indirectamente al mismo. Esto significa que solo 25 objetivos se han cumplido en el marco de iniciativas derivadas directamente del proyecto situado como eje de la recuperación económica por el propio Pedro Sánchez.

Los criterios de Pedro Sánchez

El análisis de este medio de cada una estas medidas arroja que al menos 22 de estos compromisos no se han cumplido pese a que Moncloa los ha dado por buenos. Una mezcla de proyectos que solo están aprobados por el Consejo de Ministros a falta de su ratificación parlamentaria; que no se han comenzado a ejecutar; o que están en una etapa tan temprana que está todavía lejos de cumplir con los objetivos señalados en el propio documento.

Estamos hablando de una validación ateniéndonos siempre a los criterios y condiciones de cumplimiento que el propio Gobierno se ha dado para validar sus compromisos. Esto arroja que de 22 de los 87 compromisos no están cumplidos en su totalidad, el 25% o una cuarta parte. De ellos, 14 corresponden a los 62 compromisos dados por buenos en objetivos vinculados al Plan de Recuperación (el 23%); y ocho de los 25 objetivos directos del plan (el 32%).

Dicho de otra manera, si estos objetivos no se hubiesen dado por cumplidos solo 65 compromisos hubiesen salido adelante, rebajando la cifra de cumplimiento desde el 27,5% publicado hasta el 20,5%. En el caso de los objetivos del plan la cifra hubiese caído desde el 14,8% hasta el 10,1% y los objetivos vinculados del 42,2% al 32,6%.

Dentro de los compromisos que el Informe de rendición de cuentas del Gobierno de España y el presidente Pedro Sánchez dan por cumplidos encontramos los cambios que se han introducido en la normativa laboral aprobados en el último Consejo de Ministros del año. Se refieren a la derogación de la ultraactividad limitada de los convenios colectivos, la limitación de la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa, la aprobación de la normativa para revisar las modalidades de contratación para primar los contratos indefinidos y el establecimiento de un mecanismo permanente de flexibilidad interna y recualificación de trabajadores en transición.

La reforma laboral

La salvedad es que la reforma laboral solo se tramitará a partir de febrero y el Ejecutivo no tiene todos los apoyos para seguir adelante en las Cortes. De hecho, hasta ahora se siguen intensificando los contactos políticos entre los diferentes grupos parlamentarios para poder aprobar los cambios acordados con la patronal y los sindicatos.

En el plano laboral también se da por cumplido el desarrollo de los itinerarios personales de empleo ligándolos eficazmente al catálogo nacional de cualificaciones y la aprobación de la normativa que regule la igualdad retributiva. El problema es que solo se ha aprobado la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo el pasado 3 de diciembre y se ha validado en primera vuelta el Anteproyecto de Ley de Empleo. Para su ejecución y su implementación sigue quedando un gran trecho.

Otros de los compromisos dados por cumplidos por el Gobierno tiene que ver con el desarrollo de cobertura de más de 30 Mbps y de 3G para el 100% de la ciudadanía a un precio asequible y garantizar redes de 100 Mbps en las escuelas españolas, además de desarrollar medidas de apoyo a la transformación digital en el mundo rural.

En los dos de los casos, el Ejecutivo atribuye el cumplimento a la adjudicación del Programa UNICO con 249 millones de euros, una adjudicación que sin embargo solo cumplirá estos objetivos en el año 2025 ya que acaba de ser convocada hace menos de dos meses. También hablan de la transferencia de 500 millones a las autonomías que todavía no se hace efectivas.

Planes de pensiones y energía

En el ámbito de las pensiones, el Gobierno dice que ya ha cumplido con aprobar una normativa que incluya el desarrollo de una previsión social complementaria y que impulse la previsión social de empresa, dos compromisos que responden al mismo objetivo. En los dos casos, el cumplimiento se atribuye al Anteproyecto de Ley Reguladora de los planes de pensiones de empleo que ha pasado por el Consejo de Ministros en su primera vuelta, pero al que todavía le queda un largo trámite parlamentario.

En cuanto a medidas relacionadas con el mercado energético, en el Gobierno dan por buena la creación de un marco para la innovación y desarrollo tecnológico de las energías renovables, pese a que solo se ha sacado a información pública la propuesta de Hoja de ruta del biogás y se ha aprobado la Hoja de ruta para el desarrollo de la eólica marina. En los dos casos la implementación no está definida y se está muy lejos de concretar avances.

El informe también indica que ya se ha elaborado una Estrategia de almacenamiento energético y se ha adaptado el marco regulatorio para el despliegue del almacenamiento energético, pese a que todavía se encuentra en tramitación la Orden por la que se aprueban Bases reguladoras concesión de Ayudas Proyectos innovadores de I+D de almacenamiento energético.

El informe también dice que se ha aprobado una Hoja de ruta del hidrógeno aunque queda mucho camino en el Gobierno y en el Congreso por recorrer. De momento, solo se ha sacado a información pública un proyecto de Real Decreto de transposición parcial de la directiva que creará el sistema de garantías de origen para los gases renovables, como el hidrógeno verde, el biogás o el biometano.

El Perte (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) del coche eléctrico

El Ejecutivo también considera que ha cumplido con poner en marcha un esquema de ayudas económicas para el vehículo eléctrico aunque esto se justifica en proyectos muy incipientes como el Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado del que todavía no se publican las convocatorias; y se ha finalizado la convocatoria del Programa MOVES Singulares II, pero no se ha puesto en marcha.

El Gobierno también señala que ya se ha cumplido su compromiso de desarrollar un plan de internacionalización y diplomacia deportiva, pese a que solo continúan los trabajos en el desarrollo de los planes y la difusión de la Guía de Diplomacia deportiva, según reconoce en su propio documento de cumplimiento.

Dentro del PRTR se da por cumplido el desarrollo de un modelo cooperativo solamente con la habilitación de un canal de consultas tributarias en la sede de la Agencia para Asociaciones y Colegios, y está previsto que en el primer semestre de 2022 se habilite una cita previa específica para Profesionales Tributarios adheridos al CBPT.

Durante el mes de diciembre de 2021 han comenzado las negociaciones para la firma de un Código de Buenas Prácticas Tributarias de PYMES y autónomos, así como un Foro de Administración cooperativa para las mismas. Asimismo, se prevé la creación de un Grupo de Trabajo sobre digitalización y tributación de PYMES y autónomos. Pero nada se ha concretado hasta la fecha.

Sector pesquero

Se dice además que se ha conseguido apoyar a la financiación del sector pesquero, para la mejora de la competitividad, las condiciones laborales y la seguridad abordo, pero solo se acredita la presentación -que no ejecución- del convenio que permite habilitar un instrumento financiero de refinanciamiento de avales; y la convocatoria -no adjudicación- de ayudas por dos millones de euros destinadas a la obtención de avales de SAECA para el sector agrario y pesquero.

En el informe se indica que se ha cumplido con Reorganizar los Organismos Públicos de Investigación (OPIs) y racionalizar su estructura y funcionamiento aunque el propio Gobierno reconoce que «se sigue trabajando en la reorganización de OPIS» y que para el año 2022 ya tendrán un presupuesto único el CSIC y sus Centros Nacionales (IGME, IEO y INIA). Falta mucho por recorrer según reconoce el propio documento.

También se da por cumplida la promoción del patrimonio histórico como herramienta para afrontar el reto demográfico y la vertebración del territorio aunque solo se haya acordado la redacción de la memoria valorada y la dirección facultativa de las obras de consolidación de la iglesia del castillo de Montearagón en Quicena, Huesca, por un importe de 324.512,73 euros.

Se dice además que se ha apoyado la recualificación del personal docente e investigador de las universidades, pese a que solo se han abierto las convocatorias por el que se regula la concesión directa de subvenciones a universidades públicas para la recualificación del sistema universitario español. Todas ellas, en su conjunto, contarán con un presupuesto total de 387.150.000 euros para el período 2021-2023, aunque todavía no se adjudican.

Iniciativas de turismo

Se dice que se ha cumplido con implantar el sello de hoteles justos aunque el proyecto se encuentre en fase de diseño: solo se haya firmado el protocolo Hoteles justos, socialmente responsables y se hayan autorizado -que no entregado ni distribuidos- los 614,67 millones comprometidos con las Comunidades Autónomas.

Finalmente, se indica que se ha cumplido con la digitalización de los servicios consulares, pero en realidad solo se está desarrollando una nueva aplicación informática para la gestión de visados y está previsto  finalizar la firma de contratos asociados al Plan de Digitalización Consular por importe de 86,5 millones de euros.

(Gentileza de THE OBJECTIVE)